“Hay zonas que, hasta ayer, considerábamos relativamente seguras y que hoy están sumidas en la inseguridad. La población ya no tiene dónde refugiarse”, declara Marisela Silva Chau, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití.

Además de la inseguridad, que sigue ganando terreno, el día a día de los habitantes se va desintegrando. Desplazamientos reiterados, accesos reducidos a los servicios de salud, medios de subsistencia agotados: las consecuencias de la violencia se acumulan y afectan, en primer lugar, a los más vulnerables.

“Cada nueva ola de violencia hunde un poco más a familias que ya no tenían casi nada. Madres que ya no saben dónde dormir de forma segura, niños que nacen y crecen al ritmo de las armas, heridos que, a veces, no tienen dónde recibir atención médica”, agrega Marisela Silva Chau.

En las zonas con alta densidad de población, las operaciones ofensivas podrían causar una intensificación de los enfrentamientos armados dentro de los barrios habitados, nuevas olas de desplazamiento y la saturación de un sistema de salud que ya está desbordado y que podría dejar de absorber la afluencia de pacientes. Asimismo, se correría el riesgo de incrementar la cantidad de personas detenidas en relación con la violencia, lo que haría colapsar un sistema penitenciario que ya está al límite de sus capacidades, en el que las condiciones de detención se van deteriorando.

“La intensificación de las operaciones en zonas con tanta densidad de población debe ir acompañada de todas las precauciones necesarias para que la población quede a salvo y evitar una explosión de las necesidades humanitarias. La protección de las poblaciones locales debe seguir siendo la prioridad absoluta”, enfatiza Marisela Silva Chau.

En el segundo semestre de 2026, el desplazamiento interno alcanza niveles sin precedentes en el país. Según las nuevas cifras de la ONU, casi 1,5 millones de personas huyeron de sus hogares, mientras más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia.

Ante esta situación, el CICR mantiene el diálogo con todos los portadores de armas, en especial, a través de sesiones de sensibilización sobre el derecho y las normas internacionales aplicables, y los insta a conducir sus operaciones respetando el derecho internacional, en particular, en lo referente al uso de la fuerza. Asimismo, insiste en la protección efectiva de la población, lo que incluye la planificación y la conducción de las operaciones, la preservación de la acción humanitaria, el acceso seguro a las poblaciones vulnerables y la protección de las personas detenidas.