En América Latina muchos sistemas penitenciarios comparten desafíos que no podrán resolverse a largo plazo si no se concibe la infraestructura penitenciaria como un componente esencial del funcionamiento de los centros y no únicamente como una respuesta a la necesidad de más camas.

La sobrepoblación y el hacinamiento representan retos que no se resuelven únicamente con ampliar las instalaciones penitenciarias. Además, en la región sigue habiendo deficiencias materiales básicas en la mayor parte de los centros penitenciarios: mala ventilación e iluminación, problemas de temperatura o humedad e instalaciones sanitarias inadecuadas.

Estas fallas no son solo aspectos técnicos: inciden en la salud física y mental de las personas privadas de libertad –aumentando los costos de su atención médica–, así como en la convivencia y seguridad del centro, y también repercuten en las condiciones laborales del personal penitenciario, que realiza largas jornadas de trabajo en esos mismos espacios.

Otro problema importante es que los sistemas penitenciarios de la región han importado modelos arquitectónicos que fueron concebidos para otros contextos, muchas veces sin que éstos respondan a las necesidades operativas, sociales y ambientales de los sistemas penitenciarios locales. Un diseño que funciona bajo determinadas condiciones climáticas, presupuestarias e institucionales, puede resultar inadecuado en otra realidad y generar espacios difíciles de operar, mantener o adaptar a las dinámicas cotidianas del centro penitenciario.

La región también comparte el desafío de no tener normas y estándares nacionales en infraestructura penitenciaria, lo que dificulta la planificación y el diseño de centros adecuados, que se traduce en costos económicos importantes a largo plazo.

La construcción de un centro penitenciario supone una inversión pública muy elevada, que puede alcanzar decenas o cientos de millones de dólares según su tamaño y nivel de seguridad (cuanto mayores son las exigencias de seguridad física, más costosa resulta la infraestructura, debido a la necesidad de sistemas constructivos, tecnológicos y de control más complejos). Aunque los proyectos suelen considerar períodos de amortización de 20 a 25 años, en la práctica los establecimientos penitenciarios permanecen en funcionamiento por mayor tiempo, e incluso más de un siglo en algunos casos. Por ello, las decisiones de diseño y construcción tienen efectos de largo plazo sobre los costos de operación y mantenimiento, y sobre la gestión y las condiciones de privación de la libertad.

Cuando no existe un modelo de gestión penitenciaria claro, los diseños o reformas de los centros pueden resultar en que sean difíciles de operar: las lógicas de movimientos internos pierden funcionalidad, los sectores no responden adecuadamente a las actividades previstas y la infraestructura termina exigiendo a la gestión adaptarse a un entorno construido que no fue pensado desde la operación real y cotidiana. Los centros deben diseñarse y operarse a partir de la relación entre infraestructura, procedimientos y recursos humanos disponibles.