La ampliación del teletrabajo entre los funcionarios de la Administración andaluza no termina de ver la luz. La medida forma parte de un decreto, acordado entre los sindicatos y la Junta, cuya aprobación estaba prevista en septiembre.

Hasta entonces, se puso en marcha un marco provisional de lo que se consideró una "aplicación homogénea del teletrabajo", un documento puente que precedía a la medida entraría luego en vigor. No obstante, los grupos sindicales no se dieron por satisfechos y, recién estrenado el mes de octubre, reprocharon a la Junta el incumplimiento del compromiso. Concretamente, CSIF pidió a principios de esta semana a la Administración que explicara "cuál es el estado real de su situación, qué actuaciones permanecen pendientes y cuándo prevé culminar activamente el procedimiento". El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió una mesa sectorial extraordinaria para que la Junta "explique el incumplimiento del plazo pactado y concrete cuándo culminará la tramitación del decreto, cuándo se publicará y cuándo entrará en vigor".

Por su parte, el consejero de Administración Pública, Antonio Nieto, anunció el pasado miércoles en el Parlamento que la fecha estaba en el aire porque aún "se tiene que negociar con los sindicatos. Tengo que proponer algo, que los sindicatos estén de acuerdo y que, finalmente, se puede implementar", explicó. Sin embargo, las organizaciones sindicales le han afeado estas declaraciones, pues estiman que, tras lo acordado en julio, "todo lo que queda depende exclusivamente de la Junta".

Antonio Nieto ya adelantó en los últimos días del verano que el teletrabajo no estaría listo en septiembre. Sin embargo, aún era una duda si se refería a la puesta en marcha de la jornada en remoto −cuyos plazos administrativos habrían sido imposibles de cumplir− o a la luz verde del decreto. Cumplido el plazo esperado, ninguno de los dos ha acontecido.

Este miércoles, el consejero reiteró que la regulación del teletrabajo estará vinculada al sistema de evaluación del desempeño, aún en desarrollo, y a la definición de mecanismos que permitan valorar la correcta prestación de los servicios por parte de los funcionarios. "Antes de dar luz verde definitiva al teletrabajo, debemos saber medir y conocer cómo se presta esa atención a la ciudadanía bajo esta modalidad", indicó en comisión parlamentaria. En todo caso, Nieto quiso señalar que la negociación con las organizaciones sindicales continuará formando parte del proceso de desarrollo de estas medidas.

Esta explicación, ya expuesta en el mes de agosto, no contentó a la Central Sindical, quien expuso que "no es suficiente con alegar la existencia de trámites administrativos pendientes" y requería "una nueva fecha cierta y con compromisos concretos y verificables" para luego exigir la aplicación "sin más demoras". CSIF pidió expresamente un calendario de los trámites pendientes y compromisos "que puedan ser objeto de seguimiento y verificación".

Nada de esto ha llegado aún. El preacuerdo del Séptimo Convenio colectivo del personal laboral también ha fijado el teletrabajo para este colectivo. No obstante, los criterios se desconocen, pues será el decreto el que marque la pauta. "Tiene que salir ya", vaticinaban fuentes sindicales a finales de septiembre. Sin embargo, cumplida la primera semana de octubre, se confirma que la norma tendrá que esperar.