El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han puesto en marcha un proceso de diálogo para limar asperezas en torno a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que entró en vigor el pasado 25 de marzo. El objetivo primordial es sortear un posible recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dado que el Ejecutivo central ha manifestado su desacuerdo con 26 artículos y tres disposiciones adicionales del texto aprobado por el Parlamento andaluz.

Para tal fin, se constituirá un grupo de trabajo encargado de proponer a la subcomisión de seguimiento normativo "la solución que proceda", según consta en las resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta negociación, confirmada por la Administración autonómica, se articula en torno a una comisión bilateral, tal y como fija la norma. Entre las "incompatibilidades constitucionales" que señala el Gobierno se mencionan las "injerencias" de la LUPA en la autonomía universitaria.

Principales puntos de fricción

Las principales objeciones del Gobierno central se centran en pilares fundamentales de la LUPA impulsados por el Gobierno de Juanma Moreno. Entre ellos, destaca el requisito ineludible de acreditar un nivel B2 de un segundo idioma para la obtención del título universitario, tal como establece el artículo 13 de la ley. Asimismo, la política referente al profesorado y los criterios generales para la creación y el reconocimiento de nuevas universidades, recogidos en el artículo 116, también figuran entre los puntos de fricción.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha manifestado su intención de negociar aspectos relacionados con la estructura de gobierno universitario, incluyendo el Claustro, el Consejo de Gobierno y su composición, los órganos unipersonales, así como la naturaleza y funciones del Consejo Social. La calidad normativa de las universidades públicas también forma parte de la agenda de discusión.

En cuanto a las disposiciones adicionales, el Gobierno central ha expresado reservas sobre la Universidad Internacional de Andalucía y su rol como coordinadora de políticas de internacionalización, los conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias, y los convenios para la cotización del personal universitario.

Novedades de la LUPA

Esta nueva legislación, que reemplaza el marco jurídico vigente desde 2013, introduce importantes novedades. En el ámbito estudiantil, consagra por primera vez el derecho legal de los alumnos a beneficiarse de un sistema de bonificación en los precios de las matrículas. Asimismo, la LUPA reitera la obligatoriedad de acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero, no solo para la obtención de un título universitario oficial, sino también para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

La normativa andaluza también se distingue por incorporar, de manera inédita, "la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades". De igual modo, asegura legalmente la movilidad internacional de los universitarios mediante los programas de ayudas y becas al estudio ofrecidos por las instituciones académicas públicas y financiados por la Junta de Andalucía.

Adicionalmente, la LUPA establece disposiciones para "asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes", a la par que amplía las competencias del Consejo Asesor de Estudiantes.

Un punto relevante del articulado es el fomento de la formación continua, mediante el reconocimiento de títulos propios universitarios y microcredenciales. Es más, la Junta de Andalucía considerará estas titulaciones en sus futuros concursos.

En el ámbito de la internacionalización, la ley prevé la articulación de una estrategia específica que abordará aspectos "relacionados con la investigación y la captación del talento", designando a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como "pieza clave de esa línea de trabajo". Con el propósito de "favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado", el texto incluye diversas iniciativas, como la restricción del "uso indebido" de la figura del profesor sustituto interino.

Modelo de financiación y gestión universitaria

La LUPA también contempla un modelo de financiación común para todas las universidades públicas, con revisiones quinquenales, que "respalda tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores". En el terreno de la gestión universitaria, una de las innovaciones más destacadas es la regulación de los campus universitarios.

Asimismo, se potencian las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se asegura su financiación mediante el modelo establecido, se imponen mayores requisitos de transparencia y objetividad en sus actuaciones y se establece el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

En cuanto a la coordinación, se instaura el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, con el fin de ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. Por otra parte, la ley eleva las exigencias para la creación y el funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, buscando "reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario" y garantizar la adecuada prestación de este servicio público. Entre los requisitos, se solicitará a los promotores y gestores de estas iniciativas una "trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior".

Diálogo entre el Gobierno y la Junta

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por la cautela, decidiendo ser "lo más prudentes" posible en la adaptación de sus estatutos a la LUPA. Esta postura se adopta a la espera de los resultados del proceso de negociación, iniciado después de que el Ejecutivo central advirtiera de "incompatibilidades constitucionales" en cerca de treinta artículos. Cabe destacar que este mecanismo de diálogo no es novedoso; sin ir más lejos, se ha empleado recientemente para resolver discrepancias en torno a la Ley de Vivienda de Andalucía y la Ley de espacios productivos.