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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl juez Pedraz ha imputado este jueves a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y a su número dos, el director adjunto operativo Manuel Llamas. Ambas imputaciones se enmarcan en la instrucción que investiga las labores supuestamente ilícitas de Leire Díez, la fontanera que habría creado una red de extorsión, intimidación y chantaje para entorpecer las causas judiciales que afectan al presidente del Gobierno.Que las dos personas de más influencia en la Guardia Civil se encuentren imputadas en una supuesta trama de cloacas del Estado para defender los intereses de Pedro Sánchez es algo que requeriría una asunción de responsabilidades inmediatas por parte del ministro del Interior y del propio presidente.Si la noticia de la imputación es ya enormemente elocuente, también lo es el hecho de que desde el Gobierno se haya ratificado en el cargo a ambos investigados. A falta de que se resuelva de forma definitiva la culpabilidad o inocencia de Mercedes González y del DAO, es responsabilidad directa del presidente rendir cuentas por su elección y, sobre todo, preservar la confianza pública en la dirección del instituto armado. Pedro Sánchez sería, supuestamente, el principal beneficiario de la trama de las cloacas que ha derivado en la imputación de la directora de la Guardia Civil. Solo por este hecho, el presidente debería asumir en primera persona las consecuencias políticas de este escándalo. Que no lo haya hecho, y que se haya permitido ratificar a los imputados, no hace sino reforzar los indicios que apuntan al menos a su responsabilidad política.
El juez Pedraz ha imputado este jueves a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y a su número dos, el director adjunto operativo Manuel Llamas. Ambas imputaciones se enmarcan en la instrucción que investiga las labores supuestamente ilícitas de Leire Díez, la fontanera que habría creado una red de extorsión, intimidación y chantaje para entorpecer las causas judiciales que afectan al presidente del Gobierno.
Que las dos personas de más influencia en la Guardia Civil se encuentren imputadas en una supuesta trama de cloacas del Estado para defender los intereses de Pedro Sánchez es algo que requeriría una asunción de responsabilidades inmediatas por parte del ministro del Interior y del propio presidente.
Si la noticia de la imputación es ya enormemente elocuente, también lo es el hecho de que desde el Gobierno se haya ratificado en el cargo a ambos investigados. A falta de que se resuelva de forma definitiva la culpabilidad o inocencia de Mercedes González y del DAO, es responsabilidad directa del presidente rendir cuentas por su elección y, sobre todo, preservar la confianza pública en la dirección del instituto armado.
Pedro Sánchez sería, supuestamente, el principal beneficiario de la trama de las cloacas que ha derivado en la imputación de la directora de la Guardia Civil. Solo por este hecho, el presidente debería asumir en primera persona las consecuencias políticas de este escándalo. Que no lo haya hecho, y que se haya permitido ratificar a los imputados, no hace sino reforzar los indicios que apuntan al menos a su responsabilidad política.