La organización ecologista Greenpeace ha valorado de forma positiva la decisión adoptada este martes por el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de aprobar la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, un paso que, a su juicio, pone fin a más de dos décadas de conflicto administrativo y deja sin efecto el permiso para construir el establecimiento.

En un comunicado, la organización ha destacado que la anulación de la licencia, concedida en su día a la promotora Azata del Sol para edificar en un espacio protegido y no urbanizable, supone el cierre de un proceso que se ha prolongado durante 23 años.

El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha asegurado que esta resolución "pone fin al calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística", al tiempo que ha criticado los años de "insumisión judicial" por parte del Consistorio.

La organización considera que la decisión municipal abre una nueva etapa para ejecutar la demolición del inmueble, al entender que, una vez anulada la licencia, "ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal".

Por ello, Greenpeace ha reclamado al Ayuntamiento de Carboneras que ordene el derribo "de forma inmediata", al considerar que es la administración competente para restablecer la legalidad urbanística. Desde la entidad subrayan que el objetivo no es únicamente eliminar el edificio, sino también recuperar el valor ambiental del entorno. "No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz", han señalado.

Reclaman financiación para la demolición y la restauración ambiental

Greenpeace ha recordado además el protocolo de colaboración suscrito en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que establece el reparto de competencias para la recuperación del paraje. Según dicho acuerdo, el Estado asumiría las labores de demolición y retirada de escombros, mientras que la administración autonómica sería la encargada de ejecutar la restauración ambiental y gestionar los residuos derivados de la actuación.

En este contexto, la organización ha reclamado que los presupuestos públicos correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027 incorporen las partidas económicas necesarias para ejecutar tanto el derribo como la recuperación del espacio natural. Según sus estimaciones, ambas actuaciones requerirán una inversión superior a los siete millones de euros.

Berraquero ha afirmado que "el clamor popular es claro: necesitamos pasar página ya, que empiecen a caer escombros y que la naturaleza vuelva a conquistar el territorio que en su día le fue arrebatado", al tiempo que ha defendido que este desenlace demuestra "que la fuerza ciudadana es imparable".

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha atribuido este avance a la movilización social desarrollada durante las últimas décadas. "Esta victoria tiene un solo dueño: las miles de personas que, durante décadas, nos negamos a dar por perdida la batalla contra el 'ladrillazo' depredador", ha manifestado.

Saldaña ha insistido en la necesidad de iniciar cuanto antes la demolición del hotel y de poner en marcha un plan de restauración del entorno. "Ahora exigimos las excavadoras ya y un plan de restauración que devuelva el entorno natural a su estado original", ha señalado, antes de concluir que "la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial. Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado".