El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció este jueves 2 de julio la situación de desamparo estatal que han sufrido durante cuatro décadas las víctimas y los familiares de los más de 45 mil desaparecidos registrados durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Tras concluir una visita oficial al país, efectuada del 23 de junio al 2 de julio, las expertas Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo alertaron, en conferencia de prensa, sobre un retroceso en materia de justicia experimentado en los últimos ocho años debido al desmantelamiento de las instituciones de paz, el cual atribuyeron a las administraciones de los expresidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).

"Lo que pudimos presenciar es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años", afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas durante los ocho años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (MP), tras condicionar las exhumaciones de víctimas de la guerra e imponer cargas burocráticas a los familiares de los afectados.

"La ausencia de apoyo y protección por parte del Estado, en un contexto en que muchas de las familias han debido asumir directamente las labores de búsqueda e investigación de sus familiares desaparecidos, ha tenido un impacto significativo en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales", aseveró Baldé.

Asimismo, Delgadillo reportó que durante una inspección en una instalación del Ejército, en Petén, constataron la edificación de obras civiles "donde había noticias de que podía haber restos de personas".

Ante el riesgo de afectación de explanadas que albergarían cementerios clandestinos, la experta demandó la detención inmediata de los trabajos.

Aunque el Grupo de Trabajo reconoció las acciones del actual Gobierno de Guatemala para crear un mecanismo de búsqueda humanitaria, advirtió que la falta de coordinación entre múltiples ministerios y dependencias forenses confunde a las víctimas, quienes ignoran a qué ventanilla institucional acudir para iniciar un expediente. Esa desarticulación también obstruye el rastreo de personas desaparecidas durante el tránsito migratorio.

Ante este escenario, las expertas recomendaron explícitamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, emitir directrices para que todas las dependencias estatales ubiquen, sistematicen y protejan la información archivada del conflicto armado, a fin de declararla patrimonio cultural.

Asimismo, la delegación internacional exigió al Estado la apertura definitiva de los archivos en manos del Ejército, el libre acceso a los antiguos establecimientos militares y la dotación de recursos y rango jerárquico a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copade), con el fin de articular con solidez jurídica las tareas de búsqueda, resarcimiento y cumplimiento de sentencias internacionales a favor de las víctimas.

Esta visita coincide con la antesala de la conmemoración del 30 aniversario de la firma de los históricos Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996, un hito que puso fin a 36 años de conflicto armado interno con un saldo de más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.

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