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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASASeñalan, sin entrar al fondo sobre la política lingüística vasca, que la cuestión de inconstitucionalidad no estaba justificada para resolver sobre un recurso de Vox a un decreto de 2024El Constitucional inadmite la cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles de euskera en la Administración vasca
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha salido con un doble rapapolvo del intento de cuestión de inconstitucionalidad elevado al Tribunal Constitucional sobre un inciso de la normativa vasca de empleo público de 2022 que indica que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Por un lado, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidió inadmitir el debate porque el planteamiento de los jueces vascos sobre las exigencias de euskera era “notoriamente infundado”, al no estar en riesgo el castellano. Por otro lado, el auto de inadmisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado conservador Enrique Arnaldo, apunta que ni siquiera entrar en el fondo cambiaría nada sobre lo que debe resolver el Superior vasco, que es un recurso de Vox sobre la aplicación concreta de un decreto de 2024 que desarrollaba esa ley.
Así, el asunto se ha zanjado en la corte de garantías sin que el Constitucional avale o no avale la política lingüística vasca, como deslizó el Gobierno de Imanol Pradales en una primera reacción luego de que 'Gara' adelantase la decisión judicial, del 23 de junio y que no fue nunca hecha pública. Lo que se ha hecho es no admitir a trámite la cuestión de inconstitucional y acordar que no se analizará en ningún caso el artículo sobre la exigencia en “todos los puestos” de un perfil. Es más, el Superior queda ahora con las manos totalmente libres para seguir tramitando el recurso de Vox contra la “globalidad” del decreto de desarrollo de 2024.
El Constitucional afea la forma de proceder del Superior vasco al elevar un artículo sin una razón “concreta” para la resolución que luego ha de dictar. Dice textualmente el auto que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”.
Vox, el partido que instó el recurso inicial que dio pie a esta cuestión de inconstitucionalidad, ha hecho una interpretación 'sui generis' y asegura que un Constitucional “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” ha emitido un auto “esperable”. “Pedro Sánchez pone todas las instituciones del Estado al servicio de sus propios intereses y los de su partido, en este caso utiliza al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”, ha clamado la única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, sobre la resolución redactada por Arnaldo, muy significado por su posición conservadora.
De su lado, el PSE-EE ha ironizado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en referencia a PNV y EH Bildu. El euskera es precisamente el gran punto de fricción actualmente entre los socialistas y sus socios de Gobierno el PNV. Y es que hace unas semanas se aprobó una reforma de esta misma ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Lo hizo el PNV en solitario, aunque gracias a la abstención de EH Bildu. El PP deslizó que quiere llevar al Constitucional esos cambios, de modo que la pelota podría volver a la corte de garantías nuevamente.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha salido con un doble rapapolvo del intento de cuestión de inconstitucionalidad elevado al Tribunal Constitucional sobre un inciso de la normativa vasca de empleo público de 2022 que indica que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Por un lado, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidió inadmitir el debate porque el planteamiento de los jueces vascos sobre las exigencias de euskera era “notoriamente infundado”, al no estar en riesgo el castellano. Por otro lado, el auto de inadmisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado conservador Enrique Arnaldo, apunta que ni siquiera entrar en el fondo cambiaría nada sobre lo que debe resolver el Superior vasco, que es un recurso de Vox sobre la aplicación concreta de un decreto de 2024 que desarrollaba esa ley.
Así, el asunto se ha zanjado en la corte de garantías sin que el Constitucional avale o no avale la política lingüística vasca, como deslizó el Gobierno de Imanol Pradales en una primera reacción luego de que 'Gara' adelantase la decisión judicial, del 23 de junio y que no fue nunca hecha pública. Lo que se ha hecho es no admitir a trámite la cuestión de inconstitucional y acordar que no se analizará en ningún caso el artículo sobre la exigencia en “todos los puestos” de un perfil. Es más, el Superior queda ahora con las manos totalmente libres para seguir tramitando el recurso de Vox contra la “globalidad” del decreto de desarrollo de 2024.
El Constitucional afea la forma de proceder del Superior vasco al elevar un artículo sin una razón “concreta” para la resolución que luego ha de dictar. Dice textualmente el auto que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”.
Vox, el partido que instó el recurso inicial que dio pie a esta cuestión de inconstitucionalidad, ha hecho una interpretación 'sui generis' y asegura que un Constitucional “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” ha emitido un auto “esperable”. “Pedro Sánchez pone todas las instituciones del Estado al servicio de sus propios intereses y los de su partido, en este caso utiliza al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”, ha clamado la única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, sobre la resolución redactada por Arnaldo, muy significado por su posición conservadora.
De su lado, el PSE-EE ha ironizado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en referencia a PNV y EH Bildu. El euskera es precisamente el gran punto de fricción actualmente entre los socialistas y sus socios de Gobierno el PNV. Y es que hace unas semanas se aprobó una reforma de esta misma ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Lo hizo el PNV en solitario, aunque gracias a la abstención de EH Bildu. El PP deslizó que quiere llevar al Constitucional esos cambios, de modo que la pelota podría volver a la corte de garantías nuevamente.