La aprobación del Tratado de Amistad entre España y Francia se está enquistando. El Gobierno acusa al Partido Popular de estar bloqueando su tramitación de forma torticera para hacer política de tierra quemada. Los populares aseguran que el Ejecutivo no está siendo claro con el proyecto que ha presentado para justificar la presencia de un ministro francés en ciertos Consejos de Ministros. ¿Y Francia? París se muestra incómodo con la oposición por una ratificación que lleva tres años atascada, tras la firma en Barcelona por el presidente francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez del acuerdo el 19 de enero de 2023.

El PP hizo uso este jueves de su mayoría absoluta en el Senado para elevar al Tribunal Constitucional las dudas que le genera el pacto, lo que paraliza su tramitación hasta que resuelva.

"Tras la aprobación del Tratado por parte del Congreso de los Diputados, la oposición, que cuenta con mayoría en el Senado, ha querido presentar (ayer, 9 de julio) un recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de verificar su constitucionalidad y, en particular, la de su artículo 2.4", dice la Embajada de Francia. "Tomamos buena nota de este recurso, que respetamos, y ahora corresponde al Tribunal Constitucional español pronunciarse sobre esta cuestión jurídica y técnica, y a los parlamentarios votar su ratificación. Seguiremos con atención las próximas etapas del proceso de ratificación y esperamos que pueda completarse rápidamente, en beneficio de los millones de franceses y españoles que dan vida a diario a nuestra relación bilateral y, en particular, de aquellos que viven en las zonas fronterizas".

La delegación diplomática recuerda que Francia y España "comparten ambiciones comunes": el refuerzo de la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y digital, y la seguridad y la cohesión de nuestras sociedades. "En un momento en el que Europa y el mundo atraviesan un período de gran inestabilidad, debemos, más que nunca, estar unidos y reforzar nuestro diálogo".

El Tratado de Amistad de Francia con España es similar al que tiene con Alemania e Italia. Refuerza y ordena la cooperación bilateral en política exterior, defensa, seguridad, economía o energía, entre otros asuntos.

El bloqueo de PP y Vox del Tratado de Amistad

Los populares creen que es inconstitucional el artículo que contempla que cada tres meses, de manera alternativa, un ministro de uno de los países sea invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación. De nada ha servido la interpretación pactada por los ministros de ambos países para rebajar esos encuentros a reuniones 'ad hoc' "en los márgenes" de las reuniones del Consejo de Ministros.

"Hicieron una auténtica chapuza firmando un tratado con Francia sabiendo que no iban a poder cumplirlo porque eran perfectamente conocedores de lo que estipula la Constitución", sentenció en los pasillos de la Cámara Alta la senadora popular María José Pardo criticando el texto que firmó Sánchez. Ya en el hemiciclo, su compañero Miguel Ángel Jerez ha criticado la "actitud irracional y temeraria" del PSOE por no querer consultar al TC ante las dudas y ha ironizado sobre qué son los "márgenes" del Consejo de Ministros. "Están ustedes retorciendo la seguridad jurídica [...]. Esto es una huida hacia adelante, un ejercicio de escapismo constitucional", ha dicho.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha arremetido contra el PP por esa actitud. Los acusa de estar "cruzando una peligrosísima línea roja que es convertirse en un partido antisistema" que quiere "dinamitar" las relaciones de buena vecindad con este "paso realmente inaudito" de acudir al TC. La senadora socialista Concha Andreu ha dejado claro que la interpretación posterior es "oficial" y "formal" y que, por tanto, tiene pleno valor legislativo. No obstante, los populares se han mantenido firmes y han votado elevar una consulta al Constitucional, lo que paraliza la tramitación del tratado a la espera de que haya algún pronunciamiento.

Desde el Ejecutivo entienden que, con esta posición, el PP está cometiendo "una traición a España y a los españoles", dando un paso "gravísimo" en las relaciones con el país vecino. En este sentido, tras conocerse el resultado de la votación, Albares denunció que los populares tratan de "boicotear" este tratado con Francia: "nuestro amigo y mayor socio comercial". "Ataca a 330.000 españoles en Francia , 1 M de transfronterizos, 56.000M € de exportaciones anuales. Va en contra de nuestra posición en Europa y la buena vecindad", remachó el ministro.

Los antecedentes

La decisión de los populares se produce tras un largo y tortuoso camino parlamentario. El tratado ya fue rechazado por el Congreso hace más de un año. En aquel entonces, bajo los mismos argumentos, el PP, Vox y UPN votaron en contra y la abstención de Junts y Podemos fue clave para tumbar el texto. Los populares argumentaron que los artículos 13 y 23 de la Constitución limitan la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país, aunque ninguno de estos preceptos establece una clara prohibición de que personas extranjeras puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros.

Desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trató de buscar una solución con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. La solución, plasmada en un intercambio de cartas entre ambos, es que "esa invitación [de un ministro al otro país], cuando tenga lugar, se producirá para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado". De esta manera, daban por zanjado el asunto y las posibles dudas sobre el artículado.

La nueva interpretación sirvió para convencer a Junts y Podemos, que respaldaron la tramitación del tratado durante su paso por el Congreso, pero no al PP, Vox y UPN. El recelo de los populares, como han dejado claro en el debate de este jueves, es que el matiz alcanzado en el canje de notas entre Albares y Barrot no se ha incluido en el texto inicial. No obstante, ahora ya es el Tribunal Constitucional quien tiene la pelota en su tejado, quien debería pronunciarse en un plazo máximo de tres meses, sin contar con agosto por ser inhábil. Hasta entonces, los franceses seguirán siendo conocidos y poco más.

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