El Cacif y la Cámara de Industria interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Ministerio de Energía y Minas que establece la realización de una consulta comunitaria sobre la hidroeléctrica Palo Viejo, en San Juan Cotzal, Quiché.

Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentaron esas acciones legales para defender la certeza jurídica y el Estado de Derecho, los cuales se ven afectados por dicha disposición del MEM.

Con el Acuerdo 145-2026, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció las pautas para realizar una consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal, Quiché, relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico Palo Viejo, que se ubica en ese municipio y opera desde el 2012.

El miércoles 8 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió dicho acuerdo al emitir un amparo provisional a Empresa Agrícola San Francisco Cotzal, S. A.; Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S. A., y a José Antonio Sánchez Boche. Además, se dio a conocer que la Corte conoce otra acción similar presentada por la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager), con la cual, además de cuestionar al MEM, también cuestiona al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

En tanto, este jueves 9 de julio, el Cacif y la CIG dieron a conocer que presentaron acciones de inconstitucionalidad.

La CIG respondió por medio de su oficina de comunicación que la acción ante la CC fue presentada el 8 de julio, y que Cacif y la Cámara de Industria presentaron sus recursos por separado conforme a sus respectivos análisis y consideraciones jurídicas.

Las entidades expusieron en el boletín que promueven esas acciones porque estiman que, al emitir dicho acuerdo, “el Ministerio excedió el marco de su competencia, desconociendo actuaciones administrativas, institucionales, acuerdos previamente desarrollados y el mismo Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.

Lo anterior vulneró principios esenciales del orden constitucional, entre ellos la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica, se agregó.

El objetivo es que la mencionada reglamentación quede sin vigencia, con base en lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para “restablecer el orden constitucional y evitar futuras afectaciones a proyectos de inversión y desarrollo que benefician al país”, explicaron las entidades empresariales.

En su comunicado manifestaron respeto por los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala y por los derechos que se derivan de estos; sin embargo, refirieron que dichos compromisos deben cumplirse en armonía con la Constitución Política y el marco jurídico vigente, con el fin de que “su implementación fortalezca el Estado de derecho, garantice la plena vigencia de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y preserve la seguridad jurídica”.

Pendientes de consultas

El viernes 2 de julio, se consultó al ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, quien ese día asumió el cargo, acerca de cuántas consultas comunitarias están pendientes en energía y minería y qué acciones se harán para agilizarlas, e indicó que está revisando la situación de estas con el Viceministerio de Desarrollo Sostenible y la Unidad de Gestión Socioambiental) para organizar prioridades.

También se le consultó si se continuará con lo establecido por el ministro anterior acerca de la consulta por dicho proyecto hidroeléctrico, e indicó que estaba comenzando a conocer los detalles para analizar las medidas pertinentes.

Sobre la suspensión de la CC, mencionó el jueves 9 de julio que están analizando las consecuencias luego de esa resolución, pero que no tenían las conclusiones. Por aparte, se añadió que el viernes podrían brindar una postura del MEM.

Contexto

• El Acuerdo Ministerial 145-2026/SG, del MEM, fue publicado en el Diario de Centro América el 27 de abril del 2026.
• Establece las pautas generales para realizar la consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.
• Consta de 12 artículos y establece que “la consulta tiene como finalidad restituir el derecho del pueblo maya ixil a expresar su opinión y alcanzar acuerdos vinculantes sobre las consecuencias, riesgos, mitigación, reparación, compensación o participación en beneficios derivados de la instalación y operación del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo”.
• El miércoles 8 de julio, la CC amparó de forma provisional a Empresa Agrícola San Francisco Cotzal, S. A.; Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S. A., y a José Antonio Sánchez Boche, con lo cual suspendió el acuerdo.
• Además, hay otro amparo presentado por Ager.
• Mientras que el Cacif y la CIG buscan que se declare inconstitucional.