Decíamos en nuestro editorial de ayer que el último informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE y los manejos del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, el ex director de Correos Juan Manuel Serrano, con Leire Díez, estrechaba aún más el círculo sobre el presidente del Gobierno. La Guardia Civil implica de lleno a Serrano en una trama de desvíos de fondos públicos de los que se beneficiaban los miembros de la cloaca, al tiempo que servían para financiar las operaciones dirigidas desde Ferraz para tratar de anular las investigaciones de corrupción que afectaban a la familia del presidente del Gobierno.

Pues bien, la imputación de Serrano ya es un hecho y la decisión del juez de permitir a la UCO que lleve a cabo el volcado y análisis de su móvil supone un paso cualitativo para el encaje de las piezas de un escándalo superlativo que puede acabar con la imputación del PSOE como persona jurídica, algo que empieza a darse por descontado a tenor de las investigaciones.

Y es que resulta obvio que Ferraz estaba metido de lleno en la trama de las cloacas y que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, impulsó el operativo contra jueces y fiscales. Cuesta mucho, cada vez más, creer que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de los manejos de la trama, más aún cuando están imputados, además de la gerente del partido, la directora de la Guardia Civil y el máximo mando uniformado de la Benemérita que presuntamente se prestaron a colaborar con las cloacas.

Si el PSOE es imputado, Pedro Sánchez podrá seguir justificándose con el argumento de que él no estaba al corriente de nada, pero su partido estará metido de facto en un proceso judicial en el que los imputados a título personal lo son por pertenencia a organización criminal, al margen de por otros delitos. Ahí es nada.