Дата публикации: 02-10-2025 19:58:49

Al borde de la convocatoria, el Ministerio de Sanidad, que empezaba a asumir que tendría que sacar adelante la reforma del Estatuto Marco sin apoyos, se abre a dialogar sobre la reducción de jornada o la jubilación anticipada, una demanda irrenunciable de los sindicatos
Los sindicatos escalan la oposición al Estatuto Marco que negocian con Sanidad con protestas en los hospitales
Era una reforma laboriosa y técnica que debía contentar a todos los trabajadores del sistema sanitario, pero nunca el Ministerio de Sanidad pensó que remangarse para cambiar una norma, el Estatuto Marco, que llevaba más de veinte años sin tocarse le devolvería tanta oposición.

Si nada cambia, el equipo de la ministra Mónica García está abocado a aprobar la nueva ley que regula las condiciones laborales de los sanitarios en soledad, sin el apoyo de los colectivos sanitarios y entre críticas de las comunidades del PP. La segunda huelga de médicos en tres meses, convocada para este viernes con nuevas organizaciones adheridas, confirma lo que durante meses ha sido dibujándose con progresivos movimientos: una distancia que parece insalvable.

“No lo vamos a meter en un cajón ni tirar por tierra el trabajo de tres años. Tampoco lo vamos a dejar en la vía muerta del diálogo permanente. Tiene que pasar a la fase de la apertura a la sociedad civil y los partidos políticos”, dijo la propia ministra este miércoles ante la prensa en una semana caliente.

Ese mismo día y justo a misma hora, decenas de sanitarios –también, por primera vez, las enfermeras– protestaban a las puertas del Ministerio. Denunciaban que el nuevo texto mantiene la “precariedad laboral” tras un último borrador que, a su juicio, elimina algunos avances como la retribución obligatoria de cada hora de guardia al menos como una ordinaria o la referencia al descanso semanal de 36 horas.
Nuevas reuniones
No obstante, al borde de la huelga convocada para este viernes, el Ministerio accedió a agendar una serie de reuniones para hablar sobre tres asuntos irrenunciables para los sindicatos que hasta ahora habían quedado fuera de la negociación por involucrar, según el argumento de Sanidad, a otros ministerios y normativas: la clasificación profesional y las retribuciones, la jubilación anticipada y parcial y la mejora de la jornada laboral. “Entendemos que el anteproyecto de ley no cursará el trámite preceptivo para llegar al trámite parlamentario sin haber llegado a un acuerdo previo en las cuestiones”, aseguran.

La pelea de los sindicatos discurre por dos flancos; la batalla no se está dando en unidad, sino desde la división. A la ofensiva inicial de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que fue la primera en convocar protestas y después la huelga, se sumó después la de los sindicatos llamados “del ámbito”, aquellos que se sientan en la mesa oficial a negociar la letra pequeña con el Ministerio.

SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde mantuvieron hasta el verano un perfil bajo, incluso tras la primera convocatoria de huelga por parte de CESM, a quienes veían con malos ojos por dinamitar la negociación y restarles control en el proceso. Pero terminaron cambiando la estrategia y escalaron la oposición al empezar también a convocar concentraciones. Nunca, no obstante, han llamado a la huelga, pero ven en este momento –y esta es una de las claves que explica el conflicto– una “oportunidad para arreglar la sanidad”. Una vez abierta la veda de la negociación, muchos piensan que el momento para mejorar sus condiciones en el sentido amplio es “ahora o nunca”.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha dado su apoyo a la huelga e insiste en el trasfondo de la protesta. No es solo el Estatuto Marco, asegura el presidente, Tomás Cobo. “Aunque la razón visible de esta huelga es el anteproyecto, la razón que subyace es mucho más profunda: es la desesperanza, el cansancio y el malestar de todos los médicos españoles por cómo se nos considera y cómo se nos trata”.

En la huelga previa, la que se convocó en junio y se dejó sentir de manera desigual en los diferentes territorios, muchas personas mostraban un hartazgo acumulado por las condiciones en las que ejercen, más allá de las reinvidicaciones concretas vinculadas al paro.
Batallas, mejoras y renuncias
También las demandas de los sindicatos son diferentes. Mientras CESM ha dirigido el núcleo de su batalla a conseguir un estatuto propio para los médicos –esta misma semana rechazaron cualquier propuesta que no pase por un texto exclusivo para facultativos–, los sindicatos mayoritarios no quieren renunciar a la jubilación parcial y anticipada o a la reducción de jornada a las 35 horas.

El Ministerio, pese a que sí ha dado su brazo a torcer asumiendo otras demandas, se había cerrado hasta ahora en banda a estas peticiones porque “invaden competencias de otros ministerios y de otros textos legales”, repitió esta misma semana García. “Hasta que no lo tengamos cerrado al 100% no podremos llevarlo al Consejo de Ministros, pero no va a contener nunca lo que no puede contener”, dijo. Los médicos, además, exigen una categoría A1 Plus que los diferencie de otros compañeros y compañeras que adquieren el nivel de A1, un reclamo al que Sanidad tampoco había respondido porque es competencia del Ministerio de Función Pública. Respecto al estatuto propio, está descartado por parte del equipo de García desde el principio.

En el transcurso de las negociaciones, el Ministerio ha renunciado a medidas que eran conflictivas como la incompatibilidad de trabajar en la pública y en la privada en el caso de los MIR, algo que incluía el primer borrador que desencadenó la protesta de los sindicatos médicos y se incluirá un capítulo propio, dentro del Estatuto Marco, específico para los médicos y médicas.

Respecto a la jornada, las guardias se reducen de 24 a 17 horas sin necesidad de recuperar la jornada ordinaria del día siguiente, aunque se queda por el camino mejorar la retribución. Quedan, además, exentas de las guardias sin perder salario las profesionales embarazadas o que están en periodo de lactancia, quienes tienen problemas de salud y los mayores de 55 años.

Se incluyen además otras medidas como realizar ofertas de empleo público cada dos años para evitar que haya interinos, por ejemplo, con 15 años de antiguedad.

El otro flanco problemático son las comunidades autónomas. Los sindicatos están preocupados porque, al pasar por su filtro, el Estatuto Marco “se vacíe de contenido con el argumento de una presunta invasión de competencias por parte del Estado”. Las comunidades del PP aseguran, entre algunas críticas, que están “a favor de una reforma seria y útil” de la ley, aunque hay gobiernos como el madrileño que ha elevado el tono al tildar el borrador como “una vergüenza” que “no mejora nada” sino que genera “falsas expectativas”.

Las fricciones durante tantos meses están siendo un foco de desgaste para García, que ha encontrado en sus antiguos colegas, con grandes expectativas con su mandato, la mayor oposición a su gestión. El colectivo del que formaba parte le está dando la espalda. Además, las dificultades no acabarían, en el mejor de los escenarios, cuando se cierre un hipotético texto de ley (con o sin acuerdo social). Necesita después recabar un improbable apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados para salir adelante.

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