Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, reunidos en pleno, estudiarán la resolución dada por concluida por el juez Juan Carlos Peinado, sobre enviar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a juicio con jurado junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Además de este recurso, el tribunal analizará otro presentado por la acusación popular contra el archivo del presunto delito de intrusismo profesional y un tercero relativo a la posible escisión de la acusación popular conjunta, coordinada por Hazte Oír.

La trascendencia de esta decisión, no se espera para este mismo lunes, ya que los magistrados deberán motivar su resolución en un auto. Aunque fuentes jurídicas no descartan que la deliberación se prolongue más de un día, dado el alcance y la complejidad de los asuntos planteados.

La investigación, abierta en abril de 2024, gira en torno al papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Un procedimiento que examina la creación y el patrocinio del software vinculado a la cátedra y lo que supone: una supuesta influencia en favor del empresario Juan Carlos Barrabés en la adjudicación de contratos públicos y las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez como asesora, cargo financiado con fondos públicos.

La Audiencia Provincial ya corrigió anteriormente al juez Peinado al anular, por falta de motivación, el primer auto en el que acordó transformar la causa en un procedimiento de jurado. En respuesta, el magistrado dictó el pasado 11 de abril, una nueva resolución, más fundamentada, en la que reiteró su decisión de enviar a los tres investigados a juicio.

En esa misma resolución, Peinado archivó el presunto delito de intrusismo profesional atribuido a Begoña Gómez por la firma de unos pliegos relacionados con el software desarrollado en el seno de la cátedra. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas, recurrieron el auto al considerar que los hechos considerados no constituían delito y cuestionar el desarrollo de la instrucción, que califican de prospectiva.

La deliberación de este lunes llega después de que el pasado 20 de junio el juez dictara el auto de apertura de juicio oral contra los tres procesados e impusiera a Begoña Gómez y Cristina Álvarez medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.