La consellera de Salut de Catalunya cuando se declaró la covid, Alba Vergés, y quien fue director del ICS, secretario de Salut Pública y luego conseller, Josep Maria Argimon, junto a otros cargos de Salut de la época (Marc Ramentol, Adrià Comella, Francesc Xavier Rodríguez), han arrastrado cinco años el litigio por el supuesto retraso de la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 2021. 

Cómo el asunto se convirtió en despropósito quizás podía justificarse entonces, cuando empezó a vacunarse al personal esencial, tras inmunizar a las personas de más edad y más delicadas de salud y al personal sanitario. Aunque hacía un año del gran pico de mortalidad por la epidemia, todos teníamos prisa por vacunarnos y las inyecciones llegaban cada semana en cantidades contadas, según los grupos de población que se debían inyectar.

Tras la segunda o tercera dosis, la mayoría nos olvidamos de la vacuna y de las recomendaciones sanitarias. Pero la cúpula de Salut se enfrentaba a la amenaza de cárcel y de hasta 15 años de inhabilitación.

La polémica surgió tras iniciarse, el 10 de febrero de ese año, la vacunación del personal esencial, como mossos, policías locales, bomberos o docentes. La vacunación de la gran mayoría de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya se retrasó unas semanas. Sus dirigentes y sindicatos lo denunciaron como una discriminación, con gran eco político y judicialización. Se acusó al Govern de Junts y ERC de un retraso por decisión ideológica, con el trasfondo del procés y por desapego hacia los piolines del 1 de Octubre del 2017.

Cinco años después, aun colea el litigio por el retraso de la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya

Vergés y su equipo se justificaron en las pautas que marcaba el Consejo Interterritorial de Salud estatal; en que costó más organizar la logística con esas dos fuerzas de seguridad que no dependían de la Generalitat. Y cuando se acordó vacunar el 25 de marzo, el día 15, el Consejo paró las inyecciones con Astrazeneca, tras la alerta europea por casos de trombosis relacionados con esta vacuna. Una semana después, se volvió a autorizar esa vacuna, pero cambiando la edad: pasó a ponerse a mayores de 60 años. 

Al personal esencial menor de 60 se le postergó la primera o la segunda dosis, mientras se decidía qué marca inyectarles. Policías nacionales y guardias civiles fueron vacunados finalmente por orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a primeros de mayo y con Moderna (que entonces solo se usaba en hospitales).

El juicio ha quedado visto para sentencia. La Audiencia de Barcelona decidirá si hubo una orden política o solo líos administrativos. El tribunal retiró el presunto delito que podía suponer pena de prisión y la Fiscalía ha retirado la acusación contra los exresponsables de Salut. Los años y la evolución de la covid han dado perspectiva al asunto, aunque las acusaciones sindicales mantienen su agravio.

Redactora jefe de Opinión. En La Vanguardia desde 1989, ha escrito sobre Barcelona, salud y otras áreas en Vivir, Sociedad y Magazine