Cada poder ha de hacer lo que le toca, y nadie tiene derecho a asumir el poder de los otros
Es evidente que la polarización política se proyecta al conjunto de la sociedad. Y también es evidente que esto no es bueno. Una sociedad enfrentada no es el escenario adecuado para avanzar hacia un progreso estable y sostenido en el tiempo. En una palabra: la radicalización de las posiciones políticas no ha acompañado nunca los momentos más positivos de nuestra sociedad. Al contrario, la radicalización abre las vías hacia los momentos más negativos de nuestra historia. La afirmación no admite ejemplos que contradigan esta consecuencia.
Parecería, pues, que habría que evitar esta radicalización. Pues bien, no parece que esta sea la voluntad manifiesta; ni en Europa ni en España. Hay un cierto gusto por el alegato radical, por la descalificación grosera, por el insulto. Y este comportamiento no excepciona las más altas tribunas del Estado. A menudo, es ahí donde se destaca por el insulto, la grosería en la exposición, la frivolidad de las acusaciones.

El valor ejemplarizante de las tribunas más representativas avala, practica y provoca un mal uso de la palabra. Se pretende que la libertad ampare la constante ignorancia de las exigencias de un Estado democrático. Incluso para denunciar los comportamientos que van contra los valores del Estado de derecho, hay que hacerlo desde los deberes que este nos impone. Y, ahora, lo que se pretende es que todo vale; que no hay límites que preservar en el juego político y social.
Efectivamente, lo que se ve o se oye desde arriba, legitima, en apariencia, lo que se dice o se escribe desde el entorno social. Muy peligroso, pero es así. El argumento desaparece; gana el insulto. En España la presunción de inocencia ha desaparecido. Se hace un canto a la independencia del poder judicial, pero son muchos los que desde fuera de ese poder quieren sustituirlo. Son muchos los que quieren sustituir a los jueces y magistrados; que les quieren decir lo que deben hacer. Los quieren condicionar o ignorar. Hacer justicia es una ambición de muchos que no reconocen a jueces y magistrados más papel que el de asumir lo que ellos han decidido por su cuenta, por su interés, por su partidismo sectario.
Este es el resultado histórico de la polarización radicalizada. No es un hecho nuevo y la experiencia nos dice que siempre –que quiere decir siempre– acaba mal. Para ganar la presunción de inocencia, miles y miles de personas dejaron su vida, su libertad. ¿Con qué pretexto ahora podemos ponerla en cuestión? La democracia es frágil; la historia lo demuestra. Para fortalecerla se construyó el Estado de derecho. ¿Ahora queremos volver al pasado? Esto no vale, ni debería ser posible.
Incluso la polarización exige respetar esos límites. Respetar las instituciones, no instalarse en la descalificación como alternativa a la argumentación; el debate de proyectos es imprescindible. Solo así se respeta el valor representativo de una sociedad plural comprometida con la diversidad como expresión de libertad. Es necesario que la ciudadanía entienda que la polarización no está reñida con un acuerdo puntual. Cuando este se hace imposible, es toda la sociedad la que pierde. Y eso no vale.
Hay límites que no hay que ignorar. Esto nos afecta a todos. Y no entenderlo nos puede perjudicar a todos. Que la crítica sea libre, pero que nadie asuma el papel que no le corresponde. En una democracia el respeto a las instituciones es fundamental. No están exentas de crítica, pero las vías están señaladas. Las que son, las que nos hemos dado. Y cada uno en su papel, aceptando que nada nos puede separar de las necesidades de los ciudadanos. Hay que legislar, hay que gobernar, hay que juzgar, y lo han de hacer los que han asumido esta responsabilidad. Y cada poder, responsablemente, ha de hacer lo que le toca, y nadie tiene derecho a asumir el poder de los otros. Y, además, hay que hacer de la discrepancia la expresión de la libertad. Y del respeto, la obligación que se deriva de un Estado democrático.
El insulto, la descalificación sistemática, la renuncia ideológica al acuerdo entre adversarios empobrecen el patrimonio de la libertad. Y que nadie se equivoque: esto tiene un coste; un coste muy grande. A veces algunas informaciones tienden a sustituir la verdad por la imaginación al servicio de la mentira. Pero las consecuencias no afectan solo al destinatario de la maledicencia; también desprestigian al informador, al medio que lo acoge, al valor de la función informativa. Y esto nos debilita a todos.
Se están cruzando límites peligrosos. Hay que recordarlo: no todo vale.
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