La economía española necesita revisar la fiscalidad sobre el ahorro porque resulta poco equitativa, escasamente incentivadora y excesivamente elevada en comparación con los países de nuestro entorno. Ello penaliza tanto las necesidades de los ciudadanos como el impacto que la movilización del ahorro puede tener en la competitividad, la inversión empresarial y el desarrollo de los mercados financieros. Un informe del Instituto de Estudios Económicos y la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) ha puesto de manifiesto que el tipo impositivo efectivo soportado en distintos productos analizados –acciones, depósitos, fondos...– se eleva al 22,3%, ocho puntos más que el 14,4% de media de la Unión Europea (UE).

La tributación efectiva, que sirve para comparar países y que se ha calculado en dicho informe, es una medición sintética que recoge toda la tributación a la que se enfrenta un producto financiero sobre su rentabilidad bruta. Esto permite ver cómo afecta el sistema fiscal o el tipo marginal a lo largo de la vida de la inversión, al incorporar los impuestos que afectan al inversor sobre intereses, dividendos, ganancias, transacciones, retenciones o similares. Con esta base España y su 22,3% quedan peor que los vecinos de Francia y Portugal, los alemanes, los griegos o los italianos. El cóctel tributario español, en su conjunto, refleja una fiscalidad que no es competitiva y que penaliza tanto a los ahorradores e inversores como al conjunto de la economía y empresas.

Pero, además, el problema español no es solamente la tributación poco competitiva sobre el ahorro, sino que el sistema resulta complejo, cambiante y poco neutral, ya que trata de manera muy diferente unos productos y otros y penaliza en ocasiones la acumulación de ahorro a largo plazo. Todo ello va en detrimento de la financiación de las empresas y, sobre todo, de las rentabilidades de los planes de pensiones privados.

El tipo impositivo medio sobre el ahorro en España se eleva al 22,3% frente al 14,4% de la UE

La OCDE sostiene que el principal desafío no consiste necesariamente en gravar más o menos el ahorro, sino en gravar mejor, reduciendo diferencias arbitrarias entre productos y evitando que el sistema distorsione las decisiones económicas. Es una verdadera lástima que las diferencias políticas e ideológicas entre los dos grandes partidos españoles impidan una reforma adecuada sobre la fiscalidad del ahorro, con visión a largo plazo y revalidada por un amplio consenso que permita garantizar la necesaria seguridad jurídica para los contribuyentes. Sin embargo, pese a esas diferencias políticas e ideológicas, debería ser posible negociar y pactar un mínimo escenario fiscal para el ahorro que fuera coherente, eficiente y equitativo para los ahorradores e inversores. Eso debería hacerse en el marco de la reforma fiscal pendiente o bien al margen de la misma para separar el tratamiento del ahorro de los sesgos ideológicos.

Son múltiples las medidas neutrales que se podrían adoptar y, en su caso, revisar. De entrada, basado en el consenso de los expertos, se podría proponer la creación de una cuenta personal de ahorro e inversión, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que permitiera invertir en depósitos, deuda pública, fondos de inversión, acciones cotizadas, fondos indexados, bonos empresariales o productos europeos de inversión a largo plazo. Las ganancias obtenidas por esta cuenta no tributarían mientras no se retirara el dinero. Incluso podría establecerse una exención definitiva para cantidades mantenidas durante diez o quince años, con un límite acumulado razonable, para favorecer el ahorro a largo plazo.

La OCDE señala que la cuestión no debe centrarse en tributar más o menos sino en gravar mejor

También sería recomendable, en la misma línea, establecer un mínimo exento para los pequeños ahorradores. Esta medida contribuiría a compensar las ventajas tributarias que tienen los grandes patrimonios y, además, tendría la ventaja psicológica de transmitir a las familias que ahorrar pequeñas cantidades merece la pena. Otras medidas podrían ser corregir la tributación de las plusvalías por la inflación; premiar la permanencia, no la contratación de productos determinados; mejorar radicalmente el ahorro para la jubilación, con más incentivo a los planes de pensiones, especialmente los de empresa; evitar la doble o triple tributación del patrimonio ahorrado y ayudar más al trabajador de ingresos medios y bajos. Los autores del citado informe, además, plantean una rebaja de los tipos marginales máximos a niveles de la UE.

Con el aumento del ahorro a largo plazo que una reforma de la fiscalidad que soporta podría generar, la economía española aportaría el refuerzo de las rentas privadas a las pensiones públicas y, asimismo, movilizaría una mayor parte del dinero ahorrado hacia la inversión productiva con más eficacia que en la actualidad. No hay justificación alguna para no avanzar en este camino.