Estamos en un punto de inflexión internacional y no es momento para la autocomplacencia. La guerra de Ucrania vuelve a situar un conflicto bélico en el continente europeo. La Unión Europea se mantiene pasiva ante unas tensiones en Oriente Medio asociadas en gran medida a la política exterior y de seguridad de Israel, contrarias al derecho internacional y los derechos humanos (Palestina, Líbano, Irán). EE.UU., China y Rusia, así como otros estados (Israel, Brics+...) están redefiniendo sus prioridades estratégicas. En este tablero global, la UE se va convirtiendo en actor secundario, casi prescindible.

Paralelamente, se constata el avance sostenido de los autoritarismos. Algunos gobiernos cuestionan abiertamente los estándares democráticos, limitan derechos y libertades, y erosionan las instituciones liberales. En este marco, la UE no puede limitarse a observar y reaccionar tarde y tímidamente. Si quiere ser fiel a sus valores y lecciones de la propia historia, ha de asumir un papel activo en la defensa de los derechos y libertades, el pluralismo y el bienestar. Y ha de reivindicar de manera práctica el papel de las instituciones y del derecho inter­nacional.

El proyecto europeo ha quedado desfasado respecto a la nueva realidad geopolítica, económica, cultural y tecnológica. El mercado único y la moneda común han sido herramientas poderosas, pero no suficientes. Europa precisa un salto cualitativo que no es otro que avanzar hacia una Unión más integrada políticamente. Vemos el proceso en dos etapas y tres objetivos.

La primera etapa estaría centrada en la reforma de algunos procedimientos de decisión y el desarrollo de políticas integradas. La segunda, incluiría cambios institucionales en los tratados, incluyendo fortalecer los principios de representatividad, pluralismo, participación y subsidiariedad.

La UE necesita un salto cualitativo: avanzar hacia una Unión más integrada políticamente

En la primera etapa, un primer objetivo es establecer una UE con capacidad real de actuar como sujeto político. La situación actual muestra carencias estructurales, como la dependencia energética y tecnológica, una fragmentación en defensa y política exterior, y dificultades para articular una estrategia coherente. Sin una política exterior y de seguridad integradas, capacidad fiscal compartida, un presupuesto ambicioso y políticas sociales comunes y de cambio climático, la idea de autonomía estratégica se convierte en retórica. Este primer objetivo es, en esencia, la construcción de un poder ejecutivo en una UE políticamente mucho más integrada.

El segundo objetivo es la eficacia en la toma de decisiones. No hay una UE viable con procedimientos de bloqueo estructural. La persistencia de la unanimidad en áreas clave impide reaccionar con la efectividad que exige el contexto global. Superar el modelo actual y avanzar hacia mayorías cualificadas es mucho más que una reforma técnica; es un paso imprescindible para dotar la UE de una gobernanza que permita decidir con agilidad. Es hora de priorizar la lógica comunitaria en detrimento de la lógica intergubernamental de las últimas décadas.

El tercer objetivo es reforzar la legitimidad democrática. La percepción de una Europa distante y tecnocrática erosiona el apoyo social necesario para avanzar en la integración. Hay que reforzar el Parlamento Europeo, ampliar los procedimientos de participación real, reducir la burocracia y aplicar de forma genuina el principio de subsidiariedad. La UE solo será viable si es percibida como propia por su ciudadanía.

Son objetivos difíciles en la Europa de los 27. Es preciso fijar dos o más velocidades en el proceso de integración política. Vemos necesario el liderazgo e impulso de un grupo reducido de estados, que incluya los socios fundadores de la UE, en un proceso al que puedan adherirse otros estados interesados. Los tres objetivos, acción política común­, eficacia en la toma de decisiones y legitimidad democrática, no son independientes. Sin acción común no hay poder­; sin eficacia no hay gobierno; sin legitimidad institucional no hay proyecto­.

Como se planteó en los trabajos del Tratado Constitucional del 2004, en una Europa políticamente integrada el papel de las naciones sin Estado (y de las regiones legislativas) adquiere nueva relevancia. Aportan pluralismo, sociedades civiles diferenciadas y conocimiento del territorio, elementos que refuerzan la legitimidad y eficacia del conjunto. En la revisión de los tratados se tendrá que incluir la regulación de los procesos de cambio de fronteras internas de los estados miembros, siguiendo la estela del dictamen del Tribunal Supremo canadiense de 1998. Es un aspecto relevante de la profundización democrática de la Unión.

En este marco Catalunya tiene una clara oportunidad: con un tejido económico y cultural potente y vocación europea, puede ser un actor proposi­tivo, y contribuir activamente a las políticas comunes. En una UE integrada políticamente, naciones como Catalunya pueden asumir un doble papel: espacios de proximidad democrática que refuercen la legitimidad del proyecto y motores económicos, científicos y culturales que potencien la capacidad de acción desde una participación real en la gobernanza europea­.

La UE ha de ser un espacio equiparable en poder y capacidad a las grandes potencias que hoy muestran su hegemonía. El reto es exigente. El tiempo, limitado.

CERCLE DE POLÍTICA I DRETS está formado por Josep Maria Argimon, Liliana Arroyo Moliner, Montse Ayats, Sebastià Guirado, Judith Macaya, Ernest Maragall, Ferran Requejo, Rafael Ribó, Agustí Serra, Laia Serra, Carles Solà y Maite Vilalta (Observadora: Simona Levi)