El Ayuntamiento de Mogán mantendrá en vigor la tasa turística de 0,15 euros por persona y noche, que desde marzo de 2025 deben abonar quienes se alojan en establecimientos turísticos del municipio, y recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado este gravamen. El fallo, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde al recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), y tumba la legalidad de la ordenanza al considerar que el Consistorio no define con suficiente precisión qué servicio o actividad administrativa concreta se financia con los ingresos obtenidos mediante la tasa.

Después de que la resolución judicial se conociera el pasado lunes, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, ofrecieron este martes una rueda de prensa en las oficinas municipales de Arguineguín para explicar los motivos por los que el Ayuntamiento ha decidido acudir al Supremo. Durante el encuentro con los medios, ambos defendieron que la sentencia «no aclara nada» sobre los aspectos concretos de la ordenanza que deberían modificarse para ajustarla a derecho. Según argumentaron, el fallo no detalla con suficiente claridad qué elementos han llevado al magistrado Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres a anular la tasa, lo que impide al Ayuntamiento identificar y corregir las deficiencias señaladas, lo que ha motivado el recurso al Supremo.

1,3 millones en un año

El Ayuntamiento puso en marcha esta tasa el 11 de marzo de 2025 y, durante su primer año de vigencia recaudó 1.391.000 euros. Según explicó la alcaldesa, estos fondos han permanecido bloqueados hasta conocer el fallo del TSJC y continuarán en esa situación hasta que exista una sentencia firme. El Consistorio justificó la implantación de la medida como una fórmula para buscar un equilibrio entre la promoción de la actividad turística y la financiación del mayor desgaste que esta genera en los servicios públicos municipales.

«Vamos a recurrir al Tribunal Supremo porque entendemos que el magistrado no ha ofrecido una fundamentación jurídica suficiente que explique por qué el Ayuntamiento de Mogán no tiene capacidad para crear una tasa derivada de los servicios que presta», afirmó Eduardo Álamo, director de Gestiona Mogán.

Discrepancias

Con estas palabras, Álamo cuestionó uno de los argumentos recogidos en la sentencia del TSJC, que anula la tasa turística al considerar que el Consistorio carece de competencias para establecer este gravamen. El Ayuntamiento discrepa de esta interpretación y defiende que las administraciones locales sí pueden crear determinadas tasas vinculadas a la prestación de servicios. Como ejemplo, los responsables municipales citaron el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que implantó una tasa por la recogida de residuos.

«Vamos a recurrir porque entendemos que no se ha ofrecido una fundamentación jurídica suficiente»

Por el contrario, el magistrado sostiene que el Ayuntamiento de Mogán debería incorporar las actuaciones que pretende financiar al hecho imponible de las tasas municipales ya existentes o, en su defecto, crear nuevos tributos. La sentencia descarta, por tanto, que el Consistorio pueda establecer una tasa turística específica en los términos recogidos en la ordenanza anulada.

Sin afán recaudatorio

Además Álamo negó que el Ayuntamiento persiga un afán recaudatorio con la tasa turística, una apreciación que, según señaló, sí aparece recogida en la sentencia del TSJC. Frente a esta interpretación, defendió que el objetivo del gravamen es «equilibrar las cuentas» y compensar parte de los costes derivados de la actividad turística. «Nunca tenemos superávit y, por tanto, tampoco existe un afán recaudatorio. Lo que intentamos es equilibrar unos costes que, a día de hoy, asumen los residentes de Mogán», afirmó.

A estas declaraciones la alcaldesa añadió varios ejemplos, entre ellos el gasto asociado a la economía circular, que incluye la recogida y el tratamiento de residuos. Según explicó, este servicio supone para el Ayuntamiento un coste de 4.184.000 euros, mientras que los ingresos alcanzan los 3.020.000 euros, lo que genera un desfase presupuestario que termina siendo asumido por los vecinos del municipio. A juicio de Bueno, estas cifras demuestran que no existe superávit ni una finalidad meramente recaudatoria.

Aumento de la tasa

A estas cuestiones en las que el Ayuntamiento discrepa de la sentencia se suma otra relacionada con la definición del hecho imponible. «El magistrado afirma que el hecho imponible de la tasa no está claro», señaló el director de Gestiona Mogán, quien sostuvo que la propia resolución identifica ese concepto y lo vincula con la economía circular. Álamo defendió además que esta finalidad figura expresamente en la memoria técnica y económica que acompaña a la ordenanza un documento que, a juicio del Consistorio, no fue valorado por el magistrado. «Viene establecido en una memoria técnica y económica y entendemos que no ha sido tenida en cuenta», insistió.

Además, la alcaldesa aseguró que si el Supremo falla a favor del Ayuntamiento, la cuantía de la tasa aumentará, aunque por el momento no existe un porcentaje definido. Según explicó, se trata de una decisión que «habrá que estudiar» una vez se conozca la resolución definitiva.

Respuesta a la oposición

Bueno aprovechó también la rueda de prensa para responder a las reacciones conocidas el pasado lunes tras hacerse público el fallo del TSJC. En este sentido, criticó que la oposición se haya posicionado «otra vez» del lado de los empresarios y no de los residentes de Mogán, quienes, según sostuvo, son los que terminan asumiendo el déficit de las arcas municipales a través de los impuestos y del desequilibrio presupuestario.

En cuanto a la FEHT, Bueno señaló que la patronal se opone a la implantación de cualquier tasa turística con el argumento de que las empresas alojativas ya abonan el IGIC. Sin embargo, la alcaldesa cuestionó esta postura y criticó que algunas cadenas hoteleras, muchas de ellas de carácter internacional, recurran el gravamen en Canarias mientras lo aceptan en otros destinos.

«Aquí se quejan y recurren, pero en otros lugares del mundo, donde también pagan este tipo de tasas, no lo hacen», afirmó. Además, reprochó que sean esas mismas empresas las que después exigen que las urbanizaciones en las que operan se encuentren en perfectas condiciones.

«Aquí los empresarios recurren, pero en otros lugares donde también pagan este tipo de tasas, no lo hacen»

No obstante, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, Fernando Estany, aseguró este martes, tras conocer la decisión del Ayuntamiento, que el sector ya preveía que el Consistorio mantendría el cobro de la tasa turística hasta que exista una sentencia firme. «Nos lo esperábamos», señaló. Estany recordó además que las empresas turísticas ya abonan los impuestos establecidos por ley.

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