Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación del recurso relacionado con la concesión y el desembolso de 3.000 millones de euros en préstamos públicos sin intereses a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Fuentes de la compañía han aclarado que esta petición no supone la retirada ni el desistimiento de las acciones judiciales emprendidas en la Audiencia Nacional, según ha confirmado este periódico. Santa Bárbara mantiene, por tanto, el recurso presentado contra las resoluciones que adjudicaron a la UTE de Indra y EM&E los Programas Especiales de Modernización (PEM) de artillería autopropulsada sobre ruedas y cadenas, conocidos como ATP Ruedas y ATP Cadenas.

Ambos proyectos, promovidos por el Ministerio de Defensa, están valorados conjuntamente en unos 7.000 millones de euros. Los 3.000 millones cuya paralización cautelar reclamó Santa Bárbara corresponden a créditos estatales al 0 % destinados a prefinanciar su desarrollo industrial.

La decisión de solicitar la suspensión temporal de la tramitación judicial se produce mientras Santa Bárbara e Indra mantienen conversaciones para recomponer sus relaciones y estudiar posibles fórmulas de colaboración. Los contactos, retomados a finales del mes pasado, buscan aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas de ambas compañías y reforzar su posición ante los grandes contratos de defensa previstos en España y en Europa.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, las conversaciones han avanzado, aunque las dos empresas rebajan por el momento su alcance. No existe todavía un acuerdo cerrado ni se contempla de manera inmediata la creación de una sociedad conjunta. El objetivo inicial consiste en identificar ámbitos concretos de cooperación industrial y comercial.

Distensión tras los cambios en Indra

El acercamiento coincide con los cambios producidos en la dirección de Indra y, en particular, con la llegada de Ángel Simón a la presidencia de la compañía. Su nombramiento ha contribuido a rebajar las tensiones con otras empresas del sector, especialmente con Santa Bárbara, filial en España del grupo estadounidense General Dynamics.

Las relaciones entre ambas compañías se habían deteriorado durante la etapa de Ángel Escribano al frente de Indra. Tras su nombramiento como presidente a mediados de enero, Escribano criticó públicamente la gestión de General Dynamics en España, acusó al grupo de haber debilitado parte de su tejido industrial y expresó su interés en adquirir Santa Bárbara, que cuenta con una destacada presencia productiva en el norte del país.

En ese contexto, Santa Bárbara inició una batalla legal contra la adjudicación de los programas de artillería a Indra y a EM&E, empresa controlada por la familia Escribano.

Con Ángel Simón ya al frente de Indra, la compañía comenzó a impulsar un acercamiento con sus competidores. Según fuentes del sector, estos movimientos se han intensificado con el nombramiento de Josep Maria Recasens como sucesor de José Vicente de los Mozos en la dirección ejecutiva de la cotizada.

Santa Bárbara ha reiterado, además, su disposición a poner al servicio del Ministerio de Defensa su experiencia, sus capacidades industriales disponibles de manera inmediata y su propiedad intelectual desarrollada en España.

Más de 14.000 millones en financiación pública

Los préstamos vinculados a los programas de artillería están regulados por el real decreto aprobado el 14 de octubre de 2025, que estableció las condiciones para la concesión directa de créditos destinados al desarrollo industrial de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

En conjunto, el Gobierno ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas compañías para prefinanciar estos proyectos de defensa.

Los programas en los que participa Indra, ya sea en solitario, junto con otros socios o a través de Hisdesat, acumulan 7.944 millones de euros en financiación pública. Los adjudicados a Airbus suman 4.030 millones, incluidos 350 millones correspondientes a un proyecto compartido con Indra, mientras que los vinculados a Navantia alcanzan los 2.292 millones de euros.

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