La mayoría de los gobiernos de la Unión Europea ha mostrado este lunes su apoyo a prohibir el comercio con los territorios palestinos ocupados por Israel, ha anunciado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que ha abierto la puerta a convocar una reunión extraordinaria si fuera necesario.

La Comisión Europea, a petición del Consejo Europeo donde se sientan los líderes de los Veintisiete países del bloque, presentó la pasada semana una serie de medidas para limitar las importaciones desde asentamientos ilegales. Los ministros exteriores del bloque han debatido este lunes las distintas opciones. "La opción que obtuvo más apoyo fue prohibir el comercio", ha anunciado Kallas.

Es el primer paso adelante de los gobiernos europeos para tomar unas medidas que, ha dicho Kallas, "no son contra Israel", sino contra "los asentamientos ilegales que socavan la solución de dos Estados". Pero lo cierto es que es el gobierno israelí quien no solo facilita sino que alienta la ocupación de los territorios palestinos.

La propia jefa de la diplomacia europea ha recordado que "los veintisiete Estados miembros coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional". También en que la solución última al conflicto es la creación de dos Estados independientes. La ocupación por parte de Israel de territorios palestinos hace imposible esta opción.

Kallas ha instado a los embajadores de los Veintisiete países del bloque a trabajar para concretar estas medidas y ha abierto la puerta a reunirse de nuevo a nivel ministerial. "Los ministros acordaron que, si es necesario, también podemos volver a convocar una reunión", ha dicho.

Una cuestión legal

Lo que no ha aclarado Kallas es qué base legal utilizarán para tomar la decisión. Hay dos opciones. Si los Veintisiete consideran que se trata de una decisión de política exterior, requerirá unanimidad para salir adelante. A día de hoy, esto parece imposible. Si consideran que es simplemente una medida comercial, solo haría falta que una mayoría de países que representen el 65% de la población europea la respalde.

El problema es que el Consejo y la Comisión no se ponen de acuerdo. Mientras que desde el Ejecutivo abogan por la unanimidad, los servicios legales del Consejo han confirmado que se trata de una medida comercial y, por lo tanto, solo requiere mayoría. "Siempre se pueden encontrar abogados con opiniones distintas", ha dicho Kallas, de profesión letrada, "es decir, dos abogados, tres opiniones".

Preguntada por si el disenso tiene que ver con su mala relación con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Kallas ha esquivado la pregunta. Sin embargo, ha matizado que en el colegio de comisarios están representados todos los países del bloque y a menudo las posturas de los comisarios reflejan las de su país de origen, dando a entender que Von der Leyen está adoptando la posición de Alemania.

"Existe una opinión jurídica [del Consejo] que indica que también podemos hacerlo con mayoría cualificada", ha dicho Kallas. "Si hay voluntad política, podemos seguir adelante", ha añadido. Porque de momento en lo que respecta a las relaciones con Israel, los europeos siguen divididos. Mientras España, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos o Irlanda abogan por la mayoría, otros como Lituania creen que las decisiones "sensibles" deben tomarse por unanimidad.

Críticas por la lentitud

España, Bélgica, Luxemburgo o Irlanda han criticado también este lunes la lentitud del proceso. "Me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo algo que no necesitaría una decisión; sería simplemente la aplicación del derecho internacional", ha dicho el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en relación con una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que considera ilegal el comercio con los asentamientos.

El belga Maxime Prévot ha dicho en relación con la propuesta de la Comisión que "da más la sensación de ser una especie de hueso que roer que una voluntad real de seguir adelante". Para Prévot, "es un paso en la dirección correcta, pero sigue siendo muy insuficiente en comparación con la necesidad de ser un actor creíble en el plano geopolítico en el conflicto israelo-palestino".

El luxemburgués Xavier Bettle ha sido muy crítico con el Ejecutivo por tardar tanto en poner una propuesta sobre la mesa y ha dado a entender que privilegia la unanimidad, precisamente para evitar un voto. El ministro ha apuntado a la necesidad de tomar una decisión antes de las elecciones en Israel el próximo mes de octubre.

Hasta ahora, la UE ha sido incapaz de tomar medidas contra Israel más allá de sancionar a algunos colonos violentos. Las iniciativas anteriores de suspender la financiación a programas de investigación, el acuerdo de asociación con el país o eliminar las ventajas comerciales de las que disfrutan no han logrado el respaldo necesario. Fueron Suecia y Francia quienes propusieron en mayo prohibir el comercio con los territorios ocupados.

900 millones para Gaza

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que en el marco de la conferencia de donantes para Palestina ha logrado recaudar 900 millones de euros en contribuciones para la reconstrucción de Gaza. España, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, Países Bajos, Francia, Japón, Suiza, Suecia y Bélgica son los países donantes.

El dinero irá destinado a la reconstrucción de servicios básicos en la franja, mientras duran las conversaciones de paz. En particular, el objetivo es recuperar el suministro de agua, contribuir a la gestión de escombros y residuos, además de restablecer sistemas de salud, el suministro de energía y contribuir a retomar la agricultura.

Todo eso, sin embargo, depende del permiso de Israel. Según fuentes comunitarias, durante su polémica visita al país el pasado mes de junio, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, llegó a un acuerdo con las autoridades israelíes para poner en marcha al menos los proyectos relativos al suministro de agua y la gestión de residuos. Sin embargo, no tienen fecha de inicio.

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