La Junta ha dado luz verde a la modificación de las condiciones, tras los cambios vividos desde que se firmaron los contratos
Los productores de remolacha de la región podrán percibir las ayudas agroambientales por la totalidad de las hectáreas sembradas, sin la obligatoriedad de ajustarse a las superficies establecidas en los contratos plurianuales firmados en los años anteriores. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha introducido estas modificaciones en el programa agroambiental de cultivos agroindustriales sostenibles, que permitirá que los agricultores de la región se beneficien de una mayor flexibilidad en la gestión de sus explotaciones. De esta manera, este año, los remolacheros podrán obtener esa inyección económica, que se fija en una cantidad aproximada de 500 euros por hectárea, sin cumplir la superficie total a la que se comprometieron al rubricar su acuerdo.
«Los contratos firmados en 2023 respondían a una realidad muy distinta a la actual, lo que limitaba la capacidad de los agricultores para adaptarse a cambios en costes, precios o condiciones climáticas», defiende el presidente regional de Asaja Donaciano Dujo.
En esta línea, recalca que se trata de una petición elevada a la Junta por Asaja que, a partir de ahora, permitirá una reducción de superficie, siempre que se justifique por las circunstancias desfavorables de la campaña anterior o las condiciones climáticas adversas que impidan la siembra. Todo ello, con la intención de que no se pueda abandonar de manera «injustificada» la apuesta por este cultivo. «Lo que pedíamos es que el agricultor tenga libertad para sembrar aquella superficie de remolacha que estime oportuno por sus circunstancias. Agradecemos a la Administración Regional que se haya tomado en cuenta nuestra propuesta», valora el presidente regional de Asaja.
En lo que se refiere al futuro del cultivo para esta próxima campaña, la organización agraria mantiene que no se prevé una reducción de la superficie para 2026 en Castilla y León, y apunta a unas estimaciones de cerca de 19.000 hectáreas. En este contexto , aluden a las condiciones contractuales que ofrece la industria, poniendo el foco en Azucarera que, según Asaja, ha empeorado sus ofertas de contratación, especialmente en determinadas zonas que, tras procesos de reestructuración empresarial, parecen haber perdido interés estratégico para la compañía.