El informe sobre el estado de derecho en España publicado este viernes por la Comisión Europea ha desatado reacciones absolutamente contrarias en la política nacional. Mientras el PP hace un repaso de las deficiencias señaladas en el documento europeo, advirtiendo de que la UE "suspende a España en corrupción, independencia judicial y medios públicos", desde el Gobierno sacan pecho del reconocimiento a las reformas judiciales y la ley de eficiencia impulsadas por el Ministerio de Justicia.

El informe, de 35 páginas, hace un diagnóstico exhaustivo sobre los distintos aspectos del funcionamiento de España en materia de justicia, lucha contra la corrupción, transparencia o independencia de los medios de comunicación. Una serie de cuestiones que han valido al PP para asegurar que "es el informe más preocupante que ha hecho jamás sobre el Estado de Derecho en España".

El Ejecutivo, por contra, ha centrado su discurso únicamente en el ámbito judicial, y el propio ministro del ramo, Félix Bolaños, ha presumido de que el informe "valora positivamente la reforma de la Justicia impulsada por el Gobierno", destacando que reconoce "los importantes avances realizados", según fuentes del Departamento de Presidencia.

El documento [consultar aquí] se realizó en base a numerosos informes y tras decenas de reuniones que mantuvo la Comisión Europea en su visita a España el pasado febrero, y su propia redacción da pie a interpretaciones, recogiendo las críticas de las distintas partes interesadas y ofreciendo también la versión del Gobierno, que presentó una serie de escritos atendiendo a las cuestiones planteadas.

Aunque la Comisión Europea alerta sobre determinadas situaciones, como la falta de avances en materia anticorrupción o reproche las críticas al poder judicial por parte del Gobierno o del poder legislativo, gran parte de sus consideraciones vienen atribuidas a una u otra parte, desde las instituciones judiciales a los Consejos de Informativos de RTVE, asociaciones judiciles, la Fiscalía General del Estado o ol propio Gobierno.

Una variedad de declaraciones que convierten el informe en un texto ambivalente, que da pie a que tanto unos como otros puedan defender la versión que mejor le viene.

De esta forma, el Ejecutivo apunta a que la Comisión Europea apunta a "los buenos resultados que ya está reflejando la implementación de la ley de eficiencia"; saca pecho del "esfuerzo realizado" para aumentar la plantilla judicial o el avance de la digitalización de la justicia.

También pone en valor el hecho de que "la percepción de los españoles sobre la independencia judicial ha mejorado con respecto a informes anteriores y la sitúa en la media de los países europeos". Una afirmación sorprendente, en un momento en que el Gobierno ha criticado abiertamente procedimientos y sentencias judiciales que afectan al Gobierno, y después de que ministros como Óscar López responsabilizaran a los jueces de la mala percepción de la justicia, reclamándoles "autocrítica" y "que reflexionen".

El ministro Félix Bolaños publicó en redes un vídeo en redes socailes este viernes defendiendo que el informe avala su reforma judicial y constata que "ya está dando frutos". Según afirmó, Bruselas destaca que "se ha reducido mucho la litigiosidad", la creación de "500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, lo nunca visto en la historia" gracias a la Ley de Eficiencia, y sitúa a España entre los países "más avanzados de la Unión Europea en digitalización".

El dirigente sostiene que la Comisión valora "muy positivamente" la reforma del proceso penal y la propuesta para "desvincular el mandato del fiscal general del Estado de las legislaturas", al reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. "Lo dice Europa", resumió Bolaños.

El informe en cuestión asegura, en base al escrito remitido por el Gobierno, que "la reforma ha arrojado ya sus primeros resultados positivos, uno de los cuales es la reducción en una tercera parte de los nuevos procesos civiles, fenómeno vinculado al nuevo requisito de recurrir a mecanismos alternativos de resolución de litigios".

Más tarde, sin embargo, y en línea con la ambivalencia del informe, el documento también advierte de las críticas recibidas por la falta de medios, por las dificultades de coordinación entre administraciones o por el encarecimiento de los lititios, puesto que "agrega etapas procesales que encarecen los correspondientes costes". Señala además de que "la duración de los procesos judiciales sigue siendo un escollo".

En sentido contrario al Gobierno, el PP ha defendido que el informe de 2026 constituye el "diagnóstico más completo y a la vez más preocupante que la Comisión ha hecho jamás sobre el Estado de Derecho en España". Los populares insisten en que el documento "insiste de forma reiterada en que muchas de estas reformas permanecen pendientes de aprobación o todavía no han producido resultados efectivos".

Una de las primeras cuestiones que abordan es la independencia judicial y a las críticas por lawfare. La formación de Alberto Núñez Feijóo destaca que el informe "se hace eco del malestar de jueces y los profesionales del Derecho", que "siguen manifestando su preocupación por las declaraciones públicas de responsables políticos que atacan las decisiones de los tribunales". Además, subraya que la Comisión recoge que las declaraciones dirigidas contra jueces concretos "contribuyen al deterioro de la confianza pública en el poder judicial", una denuncia que el PP asegura haber realizado "desde hace tiempo".

Los populares también ponen el foco en que Bruselas mantiene abierta su recomendación para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y recuerda que insiste en que el mandato del fiscal general debe desvincularse del ciclo político del Gobierno. Destacan también que el informe recuerda que el anterior fiscal general dimitió "a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que le declaró culpable de filtrar información confidencial", antes del nombramiento de su sucesor.

En materia de corrupción, uno de los ámbitos donde la Comisión Europea se ha mostrado más crítica, el PP resalta que el informe considera que "siguen existiendo dificultades en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel" debido, entre otros factores, a la complejidad de las investigaciones, la falta de recursos o los retrasos en la cooperación judicial internacional. También subraya que Bruselas advierte de que "la contratación pública sigue siendo un ámbito vulnerable a los riesgos de corrupción".

Los populares destacan que el informe aprecia únicamente "avances limitados a la hora de robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración". El PP también critica que Bruselas mantiene sus críticas por la falta de regulación de los grupos de interés y por las deficiencias en el control de la financiación de los partidos políticos. "La Comisión recuerda que la ley sobre lobbies sigue sin aprobarse, que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia continúa siendo bajo y que persisten deficiencias en la regulación y el control de la financiación política".

RTVE es otro de los asuntos en los que se detiene el PP, que apunta a la advertencia de la Comisión sobre la reforma del oragnismo con los consiguientes "riesgos para la independencia editorial e injerencias políticas". Asimismo, resaltan que el informe recoge las preocupaciones trasladadas por los Consejos de Informativos de TVE y RNE, que denuncian un deterioro de los estándares profesionales y alertan de un sesgo político en los programas informativos de la corporación pública.

Suscríbete para seguir leyendo