Decía Moreno en las palabras del acto de su toma de posesión como Presidente de la Junta de Andalucía que “los valores no cambian” y que “la vía andaluza sigue vigente”. Antes ha alcanzado un acuerdo con la extrema derecha –Vox– en el que se asumen los principios y valores que propugna esa formación política en políticas tan decisivas y definitorias como la inmigración, la fiscalidad, el medio ambiente o la vivienda. Al día siguiente, ante el busto de Blas Infante –al que según Moreno asesinaron por ser “demasiado humano”– reivindicó otra vez la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”.

Ya resulta claramente incoherente que todos esos llamamientos se hagan en el homenaje a uno de los miles de asesinados y desaparecidos por la dictadura franquista a los que el pacto PP-Vox dedica la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, pero toda esta sucesión de anuncios del valor del diálogo, la moderación y el sentido común se van a ver enfrentados muy pronto a la cruda realidad de los hechos. Una vez constituido el Parlamento y designado el presidente de la Junta, procede ahora la distribución de las mesas de las comisiones y los órganos de extracción parlamentaria, señaladamente el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Administración de la RTVA. ¿La mayoría PP-Vox va a “dialogar y alcanzar un entendimiento” con la oposición, y especialmente con el segundo partido de Andalucía, o va a aplicar su mayoría de tres quintos como una especie de guillotina para borrar de todos esos órganos a quienes representan a los que “piensan diferente”? Va a ser una buena ocasión para demostrar con hechos que las bonitas palabras de la “vía andaluza” son algo más que pura palabrería. Como el pudor es una cualidad que no parece adornar a los socios de este cogobierno andaluz del PP y Vox, ya se ha apresurado el recién llegado a reclamar una buena tajada del rico melón que es para ellos Canal Sur al que proponían cerrar desde la oposición, para que no haya la menor duda sobre cuáles son sus auténticas intenciones en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

La lectura detallada del pacto PP-Vox en Andalucía da para mucho: sorprende que desde las primeras líneas se vierten descalificaciones extemporáneas sobre el Gobierno de España que se reiteran a lo largo del documento, en lugar de hacer una solemne proclamación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como sería lógico. Se abordan de manera desigual materias que afectan a derechos sociales y a políticas públicas tales como la educación, la vivienda o la sanidad y el medio ambiente, sobre los que el pacto contempla acciones de distinto alcance legislativo, normativo o de simple gestión administrativa. La práctica totalidad de ellas están recogidas en el Título I de nuestro Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 14 prohíbe taxativamente “toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios… por razón de orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología… o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿De verdad han leído Moreno y Gavira el Estatuto?

Muchos, entre quienes me cuento, nunca creímos en la moderación y en la denominada “vía andaluza” de Moreno, más allá de las palabras, los eslóganes y la propaganda. Sus políticas han seguido una hoja de ruta bien meditada y sistemática de erosión de los servicios públicos para legitimar la privatización progresiva de los mismos, con la mirada puesta en fomentar una mentalidad conservadora e individualista que merma a largo plazo los valores comunitarios y de cooperación. El empeño de Moreno en intentar vendernos que el pacto con Vox no significa lo que todo el mundo sabe únicamente nos puede llevar a una conclusión aún peor: o no lo piensa cumplir o nos piensa seguir engañando.