09/06/2026 a las 14:27h.

Un discurso de investidura de 60.000 caracteres da para mucho. A lo largo de hora y 24 minutos de intervención, Alfonso Fernández Mañueco cogió el programa de Gobierno, el acuerdo con Vox, la actualidad judicial y el futuro político-electoral que vendrá el próximo año y los mezcló para hacer un dibujo nítido de la situación de partida de su tercer mandato. Normalizó el pacto con Vox, le concedió legitimidad y auguró cuatro años estables; matizó y suavizó el arriesgado concepto de la «prioridad nacional»; desgranó decenas de medidas que ya se contenían en el documento presentado la semana pasada con Carlos Pollán; y por último, configuró la primera línea de ataque al Gobierno de Pedro Sánchez.

No han acabado aún los ecos del carrusel de elecciones autonómicas, con Andalucía sin configurarse y Castilla y León a falta de conformar el equipo de Gobierno, y ya está aquí 2027, con sus municipales y generales.

Le aplaudieron los suyos -y solo los suyos-, y sin embargo pidió «acuerdos de comunidad». Eso sí, en aspectos que situarían a los 82 procuradores del hemiciclo frente al Gobierno. Por ejemplo, en lo tocante a las infraestructuras, apartado en el que gran parte de las previsiones buscan «instar» -ese verbo tan político- al Gobierno a que, principalmente, financie, atienda y desarrolle una larga lista de reivindicaciones, algunas ya históricas. «Reclamamos [al Estado] que otorgue a Castilla y León de manera inmediata toda la atención que precisa», dijo.

También en la financiación autonómica. Un aspecto discutido que es capaz de aglutinar comunidades de signo político distinto porque todos los sistemas causan agravios. Si a eso se une el papel de Cataluña como «hijo pródigo», más aún. «Demandamos una financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos. Para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León, sin privilegios territoriales ni peajes políticos que perjudiquen a unas comunidades frente a otras». Mañueco se tomó la molestia de traducir esto a castellano pulcro, sin adjetivos, para que esa bancada del PSOE a la que pide «un acuerdo de comunidad» recibiera el mensaje con claridad: «No aceptaremos que se condone a ninguna comunidad autónoma la deuda generada por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas, porque se estaría penalizando al resto de territorios. La deuda no desaparece, sino que se mutualiza y se reparte entre todos los españoles».

Incluso en materias en las que las comunidades autónomas tienen las competencias, Mañueco encontró la fisura por la que atacar al Gobierno. Es el caso de la Sanidad. «Seguimos reclamando al Gobierno central que afronte el problema de la falta de médicos. Es una lástima que la ministra de Sanidad esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones», incidió.

Son argumentos que se escucharán mucho en el hemiciclo durante el próximo año. Pero no tanto como la gran bandera que enarbola el PP nacional para apretar al Gobierno de Pedro Sánchez: la corrupción.

Mañueco no dejó pasar mucho antes de lanzarse a la yugular del Ejecutivo. Apenas unos minutos antes de declamar: «La responsabilidad política debe estar asociada a un liderazgo público donde los principios éticos y la rectitud personal sean tan importantes como la capacidad de conseguir resultados. Algo que, por desgracia, estamos lejos de ver en el Gobierno de nuestra nación».

«El poder tiene que recuperar el pudor y la dignidad. Debemos evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española», añadió.

No es que el hemiciclo de las Cortes haya sido un paraíso de los buenos modales, tampoco. En el PSOE recordaban la peineta que el propio Mañueco le hizo a una parlamentaria socialista, pero también están recientes los gestos y epítetos de Juan García-Gallardo, la bronca montada tras el error en la votación de las cuentas autonómicas, con el popular Raúl de la Hoz tocando con el dedito a Francisco Igea, el peloteo de ida y vuelta con gurruño de Mañueco y David Hierro, las salidas de pata de banco de Pablo Fernández o el conato de pelea a guantazo limpio del socialista Pedro Luis González en una comisión.

«Entiendo la política de otra manera», aseveró Mañueco. «Creo en la política ejercida por personas que no se dejan arrastrar por la peor versión del oficio. Creo en la política que defiende las opiniones propias con pasión, pero sin excluir el diálogo y el acuerdo. Que las defiende con firmeza, pero sin desprecio al otro. Hablando y no imponiendo. Escuchando sin insultar, porque el insulto es el recurso de los mediocres. No hay que elevar el tono. Hay que elevar los argumentos», aseguró.

Un buen punto de partida para la legislatura. Si se cumple.

Mañueco, de entrada, confrontó el gran asunto: la prioridad nacional. En realidad, uno de los dos. Porque el de la inmigración lo esbozó, pero esta vez sin rozar siquiera la palabra «mena», que sí figura en el pacto con Vox.

Lo de la prioridad nacional trató de rebajarlo de intensidad. Matizarlo con ayuda de la ley. Primero, una definición: «Establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra». Y le atribuyó tres características imprescindibles, acatar «escrupulosamente» las leyes; «prestar de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús; y «excluir cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados».

En cuanto a la inmigración, le añadió las dos palabras que el PP trata de sujetar al concepto para agradar a Vox sin caer en la versión más radical y de paso confrontar con el Gobierno. «Legal y ordenada». Una «fuente de progreso», según Mañueco. «Hemos ganado más de 47.00 habitantes desde el principio de la pasada legislatura, debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos». Esa es la realidad del contexto demográfico de Castilla y León. La que hereda, tras siete años de Gobierno y dos coaliciones diferentes, con Ciudadanos y Vox, Alfonso Fernández Mañueco.