03/06/2026 a las 10:26h.

El reparto de consejerías entre PP y Vox será uno de los ejes relevantes en el proceso de negociación. Ya lo fue en los dos precedentes más inmediatos, el de PP-Ciudadanos en 2019 y el de PP-Vox en 2022. Hay una diferencia, sin embargo, en este caso: es la primera vez que se repetirá coalición y el socio minoritario llega escarmentado. En Vox creen que pecaron de confiados en el primer pacto de Gobierno y dejaron que algunas competencias clave recayeran en departamentos 'rivales'.

Por eso, lo importante no es el nombre de la consejería o de la vicepresidencia. Lo que cuenta es lo que dice el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) sobre sus cometidos.

En el caso de la Vicepresidencia que ocupó Juan García-Gallardo (Vox), por ejemplo, se especificó que le corresponderían «las atribuciones hasta ahora encomendadas» más las que se añadían en otro decreto publicado en el Bocyl para especificar la «atribución de funciones». Se le añadieron varias funciones de representación «en sustitución del presidente» ante diferentes órganos. Alfonso Fernández Mañueco se reservaba así el derecho de acudir, por ejemplo, al Comité de las Regiones, si es que lo consideraba oportuno, y relegar al vicepresidente al segundo plano.

También se incluyeron en esa vicepresidencia algunas competencias de coordinación muy limitadas y algo similar a lo que ahora Vox llama «desregulación»: «La coordinación y seguimiento de las medidas de racionalización de los procedimientos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas». En la práctica, sin embargo, el 'turrón' de la regulación y desregulación recaía en la Consejería de Presidencia, que estaba a cargo, primero, de Jesús Julio Carnero, y luego, de uno de los leales a Mañueco, Luis Miguel González Gago.

Carlos Pollán será el nuevo vicepresidente de la Junta, y en este apartado tratará de incluir algunas cuestiones de más calado que las que recayeron en su predecesor. Y sobre todo competencias con una línea presupuestaria garantizada, algo que también formará parte de la negociación. Es posible, dada la línea política de Vox, que trate de hacerse con algunas competencias relacionadas con inmigración, acción exterior (ayudas a la cooperación, por ejemplo) o similares.

¿Consejería de Desregulación?

¿Sería posible? En Extremadura, Vox ha asumido la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En su boletín, el Diario Oficial de Extremadura, se desgranaban así sus competencias: «Análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas […], estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos […]. Asimismo, ejercerá las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales, infancia, incluidas las referidas a menores migrantes no acompañados, las de familia, las de juventud y las de cooperación internacional para el desarrollo».

En Aragón, Jorge Azcón firmaba el 4 de mayo el decreto de organización de su Gobierno y adjudicaba a Vox el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Y aquí sí incluía sin más las competencias «que tenía atribuidas el anterior Departamento de Bienestar Social y Familia». Que eran, según el decreto de 2023, «las competencias atribuidas al anterior Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales excepto las competencias en materia de participación ciudadana, transparencia y protección de consumidores».

Este departamento también ha sufrido retoques en Castilla y León. En 2022, el decreto de reestructuración de consejerías en Castilla y León añadía un apartado a las funciones de Familia e Igualdad de Oportunidades: la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes.

Pero es que además no es una consejería más. Es la que ostenta la actual vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. Y una de las que Mañueco cita continuamente en los debates para presumir de gestión. «Somos líderes en atención a la dependencia», repite habitualmente junto a la buena calificación de la sanidad en comparación con el resto de España y al primer puesto en Pisa, el barómetro internacional de la educación. Resulta difícil pensar que el PP de Mañueco vaya a ceder una de las tres joyas de la corona autonómica, que maneja además un presupuesto por encima de los 1.500 millones de euros anuales.

Qué puede pedir Vox

Así que Vox podría intentar quedarse con las competencias en inmigración. Y sacar de Presidencia alguna de las relacionadas con el mismo ámbito, como ya hizo Ciudadanos en 2019. Entonces, Francisco Igea fue designado vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Y dentro de ese último epígrafe se incluía lo relacionado con «las políticas migratorias y la cooperación para el desarrollo». Vox tiene en el punto de mira las oenegés que trabajan con inmigrantes y ha prometido acabar con las ayudas para lo que considera organizaciones que atraen y fomentan la inmigración ilegal.

Además de aglutinar determinadas competencias en el área de Carlos Pollán, que será un vicepresidente con funciones, hay otras áreas que están en la órbita de lo que puede pedir Vox. Una es Agricultura y Ganadería, que ya ostentó en 2022 con Gerardo Dueñas. Un departamento para el que podría volver a buscar un perfil técnico. Y la otra, Industria, Comercio y Empleo, para la que cuenta con Alberto Díaz Pico, que ya fue secretario general bajo el mando de Mariano Veganzones. De hecho, el desplazamiento de Leticia García a la portavocía del grupo parlamentario popular en las Cortes se interpreta como un modo de fortalecerlo y, al mismo tiempo, de garantizar la presencia de una de las mujeres fuertes del PP autonómico en estos momentos.

Aún queda otra posibilidad abierta, que es la de Cultura, Turismo y Deporte. Pero se trata de una consejería con poco presupuesto, válida para el lucimiento de un vicepresidente con cartera pero menos político que uno «desregulador» y con mando en plaza en materia migratoria.

Los nombres de Mañueco

Para cuando llegue el momento de definir el reparto de las consejerías, que será lo último que se discuta, insisten desde Vox, ya habrá algunas medidas firmadas que pueden definir desde dónde y quién puede imponer que se ejecuten. Vox ya vio decaer la ley de concordia que presentó en las Cortes de la mano del PP (Carlos Menéndez y Raúl de la Hoz al alimón), en cuanto salió del Gobierno. Y comprobó que algunas de las cuestiones pactadas en el papel firmado por Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco acabaron convertidas en un 'gurruño' literal en el hemiciclo de las Cortes. Si consideran que el único modo de reducir subvenciones a los sindicatos y a la patronal es tener bajo su mando la Consejería de Industria y Empleo, tratarán de hacerse con ella, por ejemplo.

A todo esto hay que sumar los planes que tenga el presidente de la Junta para formar su tercer Gobierno. Hasta ahora ha habido tres nombres inamovibles: Juan Carlos Suárez-Quiñones, Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco, actual vicepresidenta además de consejera. Se podría añadir un cuarto: Alejandro Vázquez fue el único consejero nombrado tras la ruptura con Ciudadanos -en los demás casos fueron otros consejeros que ya estaban los que asumieron las funciones de las carteras naranjas-. Y fue el titular de Sanidad a continuación, en el inicio de la legislatura con Vox.

En Educación, sin embargo, el cambio es obligado por la salida de Rocío Lucas a las Cortes. Igual que en Industria y Empleo, donde ya no está Leticia García (portavoz del grupo parlamentario).