09/05/2026 a las 14:19h.

Un estudio estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza en Castilla y León costaría alrededor de 1.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,6 por ciento del PIB de la Comunidad. El dato para España ascendería a unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8 por ciento de la economía del conjunto nacional.

Por su parte, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 400 millones de euros en la Comunidad, el 0,6 por ciento del PIB; mientras que en España ascendería a 8.800 millones, un 0,7 por ciento de su economía, según un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Ivie, recogido por Ical.

El informe constata que la población en riesgo de pobreza (personas con la renta por debajo del 60 por ciento de la mediana, entendida como el valor que separa al 50 por ciento de población con más ingresos de aquella con menos) aumentó en la Comunidad, entre 2015, 18,3 por ciento, a 2025, 19,8 por ciento, cuando en España, se redujo del 22,1 al 19,5 por ciento.

Asimismo, también se incrementó el colectivo en riesgo de exclusión (renta por debajo del 40 por ciento de la mediana), desde el 9,7 al 9,8 por ciento, frente a una evolución del 11,2 al ocho por ciento en el conjunto nacional.

Las estimaciones sobre la necesidad de partidas para acabar con tanto con el riesgo de pobreza como el de exclusión se basa tanto en el número de personas de estos colectivos como en datos de su renta media en 2023. En este sentido, la renta media de la población en riesgo de pobreza era en Castilla y León ese año, de 4.925 euros, frente a los 4.869 a nivel nacional. En cuanto a la cifra para el colectivo en riesgo de exclusión se situaba en la Comunidad, en el ejercicio de referencia en los 2.827 euros, y en España, en los 2.849.

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 30 por ciento de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas (con datos de 2023), frente a una media nacional del 32 por ciento. La tasa de pobreza de la población ocupada se redujo en la Comunidad del 12,1 por ciento de 2015 al 10,9 por ciento de 2023, y en España pasó del 14,8 al 11,9 por ciento.

El documento precisa también con datos de 2023, que la tasa de pobreza masculina se sitúa en la Comunidad, en el 17 por ciento, frente al 19,3 por ciento de las mujeres, con porcentajes nacionales del 19,5 y 20,8 por ciento, en cada caso. Por edades, la tasa de pobreza en Castilla y León es del 22,6 por ciento para los menores de 18 años; del 19,5 por ciento para los de 65 y más edad, y del 16,5 por ciento para los de entre 18 y 65; con cifras para España del 28,9, 18,3 y 18,5 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la tasas de exclusión por sexos, en 2023 es del 8,5 por ciento para los hombres y del 9,3 por ciento para las mujeres en la Comunidad, y del ocho y 8,6 por ciento en el conjunto de las autonomías, en cada caso. Por edades, la tasa de exclusión es del 14,1 por ciento para menores de 18 años; del 9,4 por ciento para el colectivo entre 18 y 65; y del 4,7 por ciento para los de 65 y más edad, con porcentajes nacionales, del 13,7, 7,7 y 5,6 por ciento, respectivamente.

La investigación detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión entre comunidades autónomas, y si para el conjunto del país, el 19,5 por ciento de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza en 2025 (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía, ese porcentaje se eleva hasta el 27,7 por ciento. También están por encima de la media, Murcia (26,7 por ciento), Extremadura (26,2 por ciento), Comunidad Valenciana (26 por ciento), Castilla-La Mancha (25,9 por ciento) y Canarias (22,9 por ciento). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3 por ciento), Islas Baleares (11,6 por ciento), Navarra (12,3 por ciento) y Madrid (12,7 por ciento).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el ocho por ciento (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunidad Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8 por ciento, en Andalucía alcanza el 11,4 por ciento, en Murcia el 11,2 por ciento y en Extremadura el 9,9 por ciento.

Existen también grandes diferencias entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza. La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Islas Baleares, a 4.362 euros. En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. En cuanto a las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Islas Baleares y los 3.397 de máxima en Aragón.

A partir de estos datos, el estudio muestra las diferencias regionales en cuanto a la renta que cada comunidad necesitaría para acabar con el riesgo de pobreza en su territorio. En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8 por ciento del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9 por ciento de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6 por ciento.

Más allá de ofrecer las cifras concretas de pobreza y exclusión y las diferencias entre regiones, el trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las comunidades. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. Así, en el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias). El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.