El potencial crecimiento demográfico de las controvertidas urbanizaciones deficitarias de la provincia de Barcelona "representaría un reto relevante para las políticas públicas", esencialmente porque "se produciría en asentamientos que actualmente no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados plenamente habitables". Es la conclusión a la que llega la Diputación de Barcelona (DIBA) tras estudiar la constante llegada de vecinos los últimos años a estos núcleos en una delicada situación de alegalidad urbanística.

Sin ser una proyección demográfica real, la DIBA cuantifica en un máximo de 127.995 los nuevos habitantes que las áreas diseminadas pueden llegar a absorber con base a los planes urbanísticos vigentes. La estimación supondría más que duplicar los actuales 88.629 vecinos empadronados —el equivalente a una ciudad como Cornellà de Llobregat o Rubí— en las urbanizaciones barcelonesas hoy.

El mismo informe explica que este posible crecimiento se deriva de que todavía hay un "número importante" de parcelas que no se han construido y que dejan margen para crear nuevas viviendas. Además de nuevas edificaciones, también hay muchos hogares que actualmente funcionan como casa para el fin de semana o las vacaciones que podrían convertirse en primera residencia.

Oriol Nel·lo, coautor del informe provincial y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), asegura que el desafío para las urbanizaciones tiene que ver con que "si se consolidara la totalidad de parcelas existentes, es indiscutible que la problemática se agravaría". El geógrafo se refiere a la falta de servicios esenciales como el suministro de agua, la red de saneamiento o la accesibilidad. "Con población que vive en disperso es una casuística, pero si se incrementan los vecinos de todas las parcelas es otro escenario", agrega Nel·lo.

De hecho, esa dispersión ya ocurrió en los años 90 y principios de los 2000. Fue entonces cuando hubo un 'boom' de construcción de casas aisladas y adosados. Esta segunda fue una figura a la que acudieron muchos vecinos de Barcelona expulsados de la ciudad por los precios de la vivienda y que, ante la tesitura de hipotecarse por un piso sin luz de 70 metros cuadrados o una casa adosada a las afueras y con jardín, se decantaban por la segunda.

A su vez, muchas familias que contaban con una segunda residencia en las afueras, la convirtieron en su hogar principal. Por ahora, no hay ningún 'boom' de nuevas casas unifamiliares en Catalunya o Barcelona, pero los precios de compra y alquiler sí que empujan cada vez a más vecinos de la capital catalana y su conurbación al éxodo. El estudio de la Diputación estima así que alrededor de un 32% de las viviendas en las urbanizaciones con déficits aún se usan como segunda residencia.

Al estar alejadas de núcleos urbanos y, en muchos casos, en municipios pequeños, estas zonas también se encuentran con dificultades respecto a la red de distribución de agua. Sobre todo porque se necesitan muchos metros de cañerías que, debido al bajo presupuesto de estas localidades, son difíciles de mantener y se producen muchas pérdidas —algo que quedó patente durante el último episodio de sequía en Catalunya y que incluso llegó incluso a bajar la presión del grifo en algunos de estos municipios para evitar pérdidas excesivas de agua—.

Las tuberías son uno de los múltiples ejemplos por los que resulta difícil revertir muchos de los déficits. Dado que, para que a administraciones o empresas les salga a cuenta invertir en estas zonas, se requiere de un número mínimo de población que estas urbanizaciones no tienen. Sin ir más lejos, la ausencia o deficiencias de un servicio tan elemental como la red de agua potable es otra de las carencias en las urbanizaciones barcelonesas que radiografía la DIBA. Un total de 5.515 vecinos viven a día de hoy en la provincia de Barcelona "sin aceso a una red de agua potable", mientras que otros 38.885 residentes lidian a diario con una red "en mal estado", concluye el análisis, que arroja un 57,5% de urbanizaciones de la provincia con problemas en la red de agua.

Las dificultades con la red de agua potable y la distancia con los núcleos urbanos conllevan también una dependencia casi total del coche para cualquier gestión o poder participar de la vida social del pueblo. "No hay comercio y, por ejemplo, cada vez que necesitas una aspirina debes coger el coche para irte a la población más cercana", zanja Francesc Muñoz, director del Observatori de l’Urbanització. Una situación que supone una vulnerabilidad cada vez mayor, especialmente a medida que envejece la población residente y pierde independencia.

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