Política

La investigación judicial por el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mantiene bajo el foco los contratos de patrocinio concedidos por distintas administraciones de Cádiz a empresarios del sector de los eventos. La causa, con epicentro en El Puerto de Santa María, abre ahora un nuevo frente político en la Diputación, que prepara su personación en el procedimiento mientras la oposición reclama explicaciones sobre los expedientes y los controles aplicados.

La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez del Junco, anuncia que la Diputación acudirá a la causa como parte perjudicada. La decisión llega después de que la Guardia Civil recabara información sobre cinco contratos de patrocinio negociados sin publicidad vinculados a sociedades relacionadas con el empresario portuense Pascual Llopis, por un importe superior al millón de euros entre mayo de 2024 y abril de 2026.

Martínez insiste en que la investigación no se dirige contra la Diputación, sus contratos de patrocinio ni ningún miembro de la institución. «La que está investigada es una persona, un empresario», sostiene la presidenta, que defiende que los expedientes cuentan con una «trazabilidad legal, técnica y administrativa impoluta». La institución provincial mantiene además paralizados los patrocinios de Puro Latino 2026 y Pal Sur Festival después de que ambos eventos aparezcan vinculados al foco de las pesquisas.

El caso judicial investiga a varios empresarios por presuntos delitos de blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con la gestión de fondos públicos y la obtención de contratos. La operación se salda con once detenidos y la investigación mantiene bajo análisis, entre otros elementos, el flujo de dinero y las relaciones empresariales de los implicados. En los registros, la Guardia Civil localiza importantes cantidades de efectivo, entre ellas más de un millón de euros en negocios y oficinas vinculados a Llopis, según la información publicada sobre la causa.

El PSOE aprovecha el pleno provincial para cuestionar los criterios utilizados en la concesión de los patrocinios y pone el foco en la creación reciente de algunas de las empresas relacionadas con los eventos.

Izquierda Unida va un paso más allá. Su coordinador provincial, Jorge Rodríguez, considera insuficiente la respuesta de la presidenta y reclama una investigación interna que revise los expedientes y determine si existe algún fallo o responsabilidad política. La formación entiende que la personación de la Diputación supone un avance, pero exige que la institución examine por iniciativa propia la tramitación de los contratos y no espere únicamente al resultado de la investigación judicial.

Ramón Galán, diputado provincial de IU, pone además el foco en las conversaciones intervenidas a los empresarios investigados y en las referencias a la posibilidad de utilizar la Diputación para conseguir contratos de patrocinio. La formación reclama que la institución colabore plenamente con la Justicia y defiende que, si se detectan irregularidades, se depuren todas las responsabilidades.

El debate alcanza también a Germán Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación, área de la que dependen los expedientes de patrocinio situados en el centro de la controversia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclara que Beardo no figura como investigado en la causa y precisa que la Guardia Civil recaba información sobre contratos relacionados con su área. El dirigente popular acusa a la oposición de haber protagonizado un «señalamiento burdo» y agradece la «prudencia»» mostrada por PSOE e IU.

La Diputación no es la única administración que aparece en el debate político. El Ayuntamiento de Cádiz descarta personarse en la causa porque, según explica el alcalde Bruno García, sus intereses no se han visto lesionados. El Consistorio sí mantiene suspendidos sus patrocinios de 2026 y cifra en cero su aportación a los conciertos de este año, después de haber destinado 285.000 euros en 2024 y 250.000 en 2025 a No Sin Música y Música del Mar.

La investigación mantiene así abierta la discusión sobre el modelo de patrocinio público de festivales y eventos en la provincia. Mientras la Justicia continúa analizando la presunta trama de blanqueo y sus posibles conexiones con contratos públicos, las instituciones afrontan ahora una presión política para explicar cómo se adjudican estos acuerdos y qué controles se aplican antes de comprometer dinero público.