El intento de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la causa abierta contra él por tráfico de influencias y blanqueo de capitales cae, de momento, en saco roto. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ni siquiera admite a trámite el denominado incidente de nulidad, alegando un motivo formal, que fue presentado después de que transcurriera el plazo de 20 días hábiles que señala la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

La petición fue realizada el pasado 25 de junio, cuando el plazo legal para solicitar esta cuestión concluyó tres días antes, según señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La defensa ejercida por el abogado procesalista Víctor Moreno reclamaba "nulidad general" del conocido como caso Plus Ultra por presunta vulneración de derechos fundamentales, al considerar que se aportó prueba "ilícitamente analizada" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para justificar el registro del despacho del expresidente del Gobierno.

La defensa también pedía la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las de entrada y registro en la oficina del expresidente del Gobierno y el que abría pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho en la calle Ferraz de Madrid.

El juez no entra en el fondo de la vulneración de derechos y, además de argumentar que la petición es extemporánea, explica que “no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión”.

Víctor Moreno Catena durante el acto de celebración de su investidura como honoris causa. / UPO

Y el acceso se permitió el 25 de mayo, cuando se remitió comunicación a todas las partes personadas que así lo han solicitado, indicándoles que a partir de ese momento podrían acceder a la consulta de los autos en la plataforma de gestión documental habilitada para ello por lo que “la presentación efectuada el 25.06.2026 resulta, por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, concluye Calama.

La decisión del magistrado ha merecido la pronta respuesta de la defensa de Zapatero, que en un escrito remitido tras conocer esta decisión, al que también ha tenido acceso este diario, en el que insiste en que la causa íntegra no se puso a disposición de las partes, "como muy pronto", hasta el pasado 27 de mayo. Por esta razón, Calama debería rectificar y tramitar el incidente de nulidad presentado, sostiene Moreno.

Por otra parte, el juez ha citado en calidad de investigados al presidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, para el 7 y 8 de septiembre. Ambos presentaron sendos escritos esta semana ante el juez implicando a Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.

Mensajes interceptados por la UDEF a los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola / EL PERIÓDICO

Tras conocerse esta imputación, ambos han dimitido como presidente y el CEO de Plus Ultra. En sus escritos al juez, ambos admitieron en sus escritos - que se conocieron el lunes acto seguido al de Julio Martínez- dicen que contrataron al consultor "conscientes" de su relación con el expresidente socialista. Por ello asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera "por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento".

En los documentos, a los que se adjunta abundante documentación, tanto Martínez Sola como Roselli inciden en que no llegaron a tener nunca "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sepi", si bien "como una medida desesperada" se asumió que debían contratar con Martínez Martínez por su relación con Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por dichas labores que denominaron de acompañamiento.

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