El gobierno presenta hoy su propuesta con relación al incremento del precio de los combustibles, pero todavía no ha especificado cuál será, aunque se especula que sea un nuevo subsidio. Los técnicos de los ministerios de Energía y Minas, Finanzas y Economía llevan días afinando el mecanismo. La presión es real: tanto las gasolinas como el diésel pasaron ya de los Q40 por galón. La pregunta que nadie en el gobierno quiere formular es la más simple: ¿por qué repetir un experimento que ya fracasó?

Porque fracasó, y los números lo demuestran. El decreto 11-2026 asignó dos mil millones de quetzales para noventa días de subsidio. Duró sesenta y cinco. El gobierno desembolsó Q1,932.3 millones y el supuesto beneficio se evaporó justo cuando el precio internacional volvía a presionar. Yo advertí en abril de que el fondo se agotaría entre los 60 y los 70 días. No hacía falta ser adivino: bastaba dividir. ¿Y qué quedó a cambio? Recortes de Q550 millones al ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda —carreteras no construidas, baches no reparados, suponiendo que lo hubieran ejecutado—, Q808 millones en bonos del Tesoro que los guatemaltecos pagaremos con intereses, y un consumidor que hoy paga más que antes del subsidio. Pese a este evidente desastre, el gobierno parece insistir en proponer un nuevo paquete de subsidios. ¿Hasta cuándo insistirán los políticos en tropezar con la misma piedra a costa del dinero de los tributarios?

Existe una alternativa que el gobierno ha rechazado dos veces. El impuesto a la distribución del petróleo (IDP) le incrementa Q4.70 al galón de gasolina superior, Q4.60 al galón de regular y Q1.30 al galón de diésel. En las gasolinas, ese monto casi iguala los Q5 del subsidio anterior. Eliminarlo produce el mismo alivio en el precio sin readecuación presupuestaria, sin bonos, sin recortes al presupuesto vial, sin gastos de funcionamiento de la burocracia, sin importadores intermediarios y sin una negociación legislativa a puerta cerrada. Nada. Solo dejar de cobrar.
Y hay más: ese impuesto arrastra un vicio de origen. La Corte de Constitucionalidad ya lo declaró inconstitucional por imponer una doble tributación. El Congreso respondió con retoques de forma que preservaron la sustancia recaudatoria. La doctrina jurídica tiene un nombre para eso: fraude de ley. Un impuesto zombi que lleva dos décadas caminando después de muerto.

A los políticos no les gusta esa opción porque eliminar el impuesto les quita un ingreso automático, invisible y sin costo político de recaudación. El subsidio, en cambio, le entrega dos cosas valiosas: una tribuna para presumir generosidad y una bolsa discrecional que negociar. En abril, la propuesta del Ejecutivo era de Q1,200 millones y salió del Congreso en Q2,000. Ochocientos millones aparecieron en el camino. Nadie explicó de dónde ni para qué. Si el gobierno puede “sacrificar” Q2,000 millones para bajar el precio 65 días, puede “sacrificar” una cifra comparable para bajarlo de forma permanente y legal. La diferencia es política.

Los precios transmiten información indispensable sobre la escasez real de los bienes. El precio no es un capricho del comerciante, sino la señal que informa a millones de personas sobre la escasez relativa de un bien. Distorsionarla no elimina la escasez; solo nos ciega ante ella. El subsidio anterior enseñó a consumir como si el petróleo estuviera barato, y cuando se acabó, empresas y familias enfrentaron el precio real sin haber ajustado nada. Repetir la dosis solo aplaza el golpe y lo agrava. La propuesta correcta debe ser derogar el decreto 38-92, respetar la sentencia de la Corte y devolverle al guatemalteco su dinero completo, no una fracción con moño y discurso. Que el gobierno explique, hoy mismo, por qué prefiere lo contrario.