Liberal sin neoLa legalidad del procedimiento no garantiza por ello el mejor resultado.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) ocupa una posición singular dentro del Estado. Su mandato consiste en fiscalizar el manejo de los recursos públicos, promover la probidad y contribuir al mejoramiento de la calidad del gasto. La ley le asigna un presupuesto equivalente a uno por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno, que la hace una institución con recursos, capacidad operativa e influencia política considerables. Su máxima autoridad, sin embargo, es electa por el Congreso, parte del mismo entramado estatal cuya gestión financiera y administrativa corresponde fiscalizar. La tensión entre independencia técnica y dependencia política está incorporada en el diseño institucional.

La Contraloría verifica el cumplimiento de normas, procedimientos y requisitos administrativos, pero esa labor difícilmente alcanza para valorar la productividad del gasto público. Dependencias que consumen cientos o miles de millones de quetzales pueden cumplir razonablemente con los procedimientos establecidos y al mismo tiempo, fracasar en los objetivos que justifican su existencia. La continuidad del gasto responde más a inercias burocráticas y acuerdos políticos que a una evaluación sistemática de resultados.

Cuando la Contraloría encuentra fallas o irregularidades, las sanciones que impone suelen recaer sobre ministerios, municipalidades o entidades públicas, pero los actos y decisiones siempre tienen autores concretos. Si el costo termina siendo absorbido por el presupuesto institucional, la consecuencia recae sobre los contribuyentes y no sobre los actores responsables.

Vuelve a ocupar la atención pública el proceso de Comisión de Postulación y nominación de contralor General de Cuentas. Como ocurre cada cuatro años, el debate girará alrededor de expedientes, impugnaciones, tablas de gradación, entrevistas y votaciones. Cambian los nombres, las circunstancias y las controversias propias de cada elección, pero el libreto conserva sorprendente continuidad.

Hace años, participé en tres diferentes y sucesivas comisiones de postulación y esa experiencia me dejó una reflexión. La atención se concentra en el desarrollo visible del procedimiento, cuando las fuerzas que definen el desenlace comenzaron a actuar mucho antes de la instalación formal de la Comisión. En procesos donde convergen fuertes cuotas de poder, las alianzas, compromisos y estrategias se anticipan para que las sesiones públicas representen únicamente la fase visible de una negociación anterior más extensa y opaca.

La coreografía de la Comisión se desenvuelve conforme a la ley, pero la legalidad del procedimiento no garantiza por ello el mejor resultado. Las instituciones responden a los incentivos creados por las reglas que las gobiernan; cuando esos incentivos favorecen la negociación política por encima de la independencia técnica, el resultado será consistente con ese diseño.

El proceso de postulación actualmente en marcha merece una discusión que trascienda las incidencias propias de esta elección. Los procedimientos pueden perfeccionarse, pero mientras permanezca inalterado el conjunto de incentivos que gobierna la selección del contralor, el control del gasto y la asignación de responsabilidades dentro del Estado, los cambios difícilmente modificarán los resultados de manera sustancial.

Los integrantes de las comisiones cambian, los candidatos también y cada proceso incorpora nuevos protagonistas. Los incentivos institucionales, en cambio, no han variado; quizá allí radique la explicación de por qué los resultados también cambian mucho menos de lo que el país necesita.