Recibí ayer el video con unas declaraciones del analista político Lionel Toriello sobre un tema con el cual una mayoría ciudadana está de acuerdo, la necesidad de cambios profundos a la actual Constitución Política de Guatemala. A mi juicio, sus criterios son atendibles, lo cual no necesariamente significa estar de acuerdo —o desacuerdo— con todos. Nuestra carta magna ya tiene cuarenta años de existencia y responde a la realidad nacional de un determinado momento histórico, y resistió el intento de autogolpe de Estado perpetrado por el aprendiz de dictador Jorge Serrano, quien se desesperó ante la constante oposición sistemática del Congreso, integrado como siempre y sin posibilidades de cambio por personajes cuya mayoría era de gente convertida en mercaderes.

En la actualidad, la multiplicación de partidos calificados correctamente por este analista como guardianes de los desmanes de hoy obliga a hacer uso de los mecanismos constitucionales indispensables, señalados dentro del texto creado por los constitucionalistas. Toriello indica con entusiasmo la integración de un grupo de ciudadanos autodenominado Poder Ciudadano, el cual busca reunir las cinco mil firmas para conseguir modificaciones constitucionales y señalarlas en forma puntual. Por supuesto, es la forma adecuada de hacerlo, pero la idea se vuelve casi un sueño porque quienes los decidirán son precisamente quienes se han burlado constantemente del espíritu y la forma del principal documento del Estado democrático nacional.

Es una especie de nudo gordiano y vale la pena explicar su significado. A Alejandro Magno le solicitaron arreglar un problema muy complejo, imposible de resolver, por lo cual este desenvainó su espada y lo partió de un tajo. Por eso implica una solución audaz y tajante, pero además implica un criterio ajeno a las normas. Por eso en el mundo moderno se busca una solución “ilegal” para sacar a una sociedad de una muerte segura. Otra forma de verlo es realizar un mal menor ante uno muchas veces peor. Antes se cometían golpes de Estado, ahora imposibles, y absurdos. La existencia de la pluripartidocracia no podrá implicar un acuerdo de solo arreglar algunos artículos, lo cual no ocurrirá, y sí serán agregados otros causantes de peores males a los ciudadanos.

Por otra parte, los sectores sociales beneficiados con las cosas como están van a oponerse abiertamente o a través de títeres manejados por ellos. Los cambios deben ser logrados a través de la presión ciudadana, no de todos los sectores, sino de representantes de estos actuando en forma conjunta. Se necesita además divulgar por todos lados los cambios solicitados porque la lucha por lograrlo tendrá éxito una vez pasado un tiempo, tal vez largo, con la adicional participación de los países amigos de las democracias e instituciones internacionales de Occidente. En este momento, si Guatemala no se involucra en el grupo de los países sin totalitarismos estará condenada a hundirse, aunque en algunos factores mantenga y aumente algunos beneficios indudables.

Los integrantes de instituciones político-jurídicas como las cortes Suprema y sobre todo de Constitucionalidad, así como el Tribunal Electoral, necesitado de ser Supremo, en realidad no solo de nombre, necesitan entender su papel histórico. Este es superior a sus intereses personales y a sus criterios político-ideológicos, ahora convertidos en hachas con las cuales, como verdugos medievales, se decapita la institucionalidad del país. Es fundamental la creación de más agrupaciones ciudadanas con criterios propios, ojalá unificados como muestra de responsabilidad, de madurez y sobre todo de respeto a cómo pasarán sus nombres a la Historia, esa jueza cuyo veredicto no tiene perdón, en realidad. Se deben buscar razones para estar unidos, no para separarse.