La Justicia alicantina cerró 2025 inmersa en la transformación organizativa más profunda de las últimas décadas, pero todavía condicionada por problemas antiguos: órganos sobrecargados, sedes dispersas y una plantilla que el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana considera insuficiente para atender la litigiosidad de la provincia de Alicante.

La memoria de 2025 dibuja un sistema en transición hacia los nuevos Tribunales de Instancia, creados por la Ley Orgánica 1/2025, y advierte de que la reforma no podrá desplegar plenamente sus efectos sin más recursos humanos, tecnológicos y materiales. En el conjunto de la Comunidad Valenciana se registraron 789.466 nuevos asuntos durante el año, una cifra algo inferior a la del ejercicio anterior, aunque todavía demasiado elevada para reducir de manera significativa la pendencia y la congestión existentes.

Alicante aparece como uno de los principales focos de necesidad y el TSJ cifra en algo más de 40 los jueces que se necesitan en los diferentes órganos judiciales de la provincia alicantina.

La situación de las infraestructuras constituye uno de los diagnósticos más contundentes de la memoria del TSJ, presidido por Manuel Baeza. La sede de la Audiencia Provincial de Alicante, instalada en un edificio antiguo reformado, ha llegado al límite de su capacidad.

La falta de archivos obliga a depositar causas y piezas en salas multiusos, secretarías e incluso pasillos. Tampoco existen despachos suficientes para los magistrados que trabajan como refuerzo ni una sala adecuada para celebrar macrojuicios. Estos procedimientos deben trasladarse al salón de actos de la sede judicial de la calle Pardo Gimeno, según se recoge en la memoria anual del TSJ.

Por ello, el TSJ reclama una nueva sede para la Audiencia que permita ejercer la función judicial con las condiciones y la dignidad correspondientes a la máxima institución judicial de la provincia.

La futura Ciudad de la Justicia de Alicante debería aliviar buena parte de estas carencias y acabar con la dispersión de órganos en hasta nueve edificios diferentes. Sin embargo, pese a que las obras comenzaron formalmente en 2023 y la estructura del complejo ya ha tomado forma, la memoria señala que todavía no existe una fecha concreta para su puesta en funcionamiento.

La incertidumbre ha obligado a realizar mudanzas y reubicaciones provisionales para adaptar las actuales sedes al nuevo modelo organizativo de la administración judicial. Esa fragmentación no solo dificulta el trabajo cotidiano de jueces, funcionarios, abogados y procuradores, sino que obliga a mantener alquileres y complica la creación de los servicios comunes previstos en los Tribunales de Instancia.

La memoria no se limita a describir deficiencias materiales. También enumera las plazas que considera imprescindibles para afrontar la carga de trabajo. Así, en la Audiencia Provincial se reclaman dos nuevos magistrados para las secciones civiles Quinta y Sexta y otros dos para la Sección Primera, especializada en materia penal. Durante 2025 ya fue necesario mantener medidas de apoyo en varias secciones.

Parte de estas peticiones han sido recogidas en la programación judicial de 2026: el Real Decreto 559/2026 contempla una plaza adicional en cada una de las secciones civiles Quinta y Sexta y dos magistrados más en la Sección Primera de la Audiencia alicantina.

También se reclaman más jueces para tribunales de San Vicente del Raspeig, Elda, Villena, Elche, Benidorm, Dénia, Orihuela y Torrevieja, entre otros partidos judiciales.

La implantación de los Tribunales de Instancia pretende superar la estructura tradicional de juzgados aislados y sustituirla por secciones especializadas, apoyadas por servicios comunes. El objetivo es repartir mejor el trabajo y ofrecer una respuesta más homogénea.

No obstante, el TSJ reconoce dificultades relacionadas con el acoplamiento del personal, la adaptación de los edificios y el funcionamiento del sistema de gestión procesal Just@CV.

El balance deja así una doble fotografía. Por un lado, 2025 abrió una etapa de modernización y la programación de nuevas plazas supone un avance relevante. Por otro, la provincia sigue esperando infraestructuras fundamentales y depende de numerosos refuerzos para sostener su actividad cotidiana.

La conclusión del TSJ es clara: las nuevas unidades son un paso adelante, pero no un punto de llegada. Para que la reforma sea visible en los plazos y en la atención al ciudadano, Alicante necesitará no solo nuevos nombres en el organigrama, sino edificios, funcionarios y herramientas capaces de convertir el cambio legal en una mejora real del servicio público.

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