El artículo 27 de la Constitución española consagra la libertad de enseñanza, concepto general e impreciso cuya concreción siempre ha resultado polémica, pero que tradicionalmente ... viene siendo invocado por las patronales del sector a la hora de exigir a las administraciones educativas el sostenimiento económico de sus centros con dinero público. Afirman los defensores de la enseñanza privada que las familias deben disfrutar de una libertad prácticamente ilimitada a la hora de escoger colegio, de tal manera que este derecho siempre prevalece cuando colisiona con otros. Algunos gobiernos han asumido este argumento hasta el extremo de concertar centros que practican la educación segregada por sexos simplemente porque así lo quieren determinadas familias. Hay quienes no compartimos esta concepción de la libertad de enseñanza y defendemos que los gobiernos no tienen obligación de sostener con los presupuestos públicos los centros de titularidad privada. Sin embargo, este no es el objeto de este artículo, sino la duda de si la actual Consejería de Educación del Gobierno autonómico trata por igual a todo el mundo a la hora de aplicar esta concepción de la libertad de enseñanza.