A tres años de la fecha límite establecida por la Ley de Cambio Climático, el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España avanza con una lentitud que preocupa a las autoridades ambientales.

Un reciente estudio realizado por Bipi, la compañía de suscripción de vehículos del Grupo Renault, revela que 109 municipios de más de 50.000 habitantes —el 66% de los obligados por ley— todavía no han activado estas áreas restringidas, a pesar de que su implementación debía ser efectiva desde el 1 de enero de 2023.

El análisis, basado en datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualizados a enero de 2026, muestra una radiografía de estancamiento administrativo.

De las ciudades que aún no han cumplido la normativa, la gran mayoría se encuentra en una fase intermedia de tramitación, mientras que un 18% ni siquiera ha iniciado los pasos previos, manteniendo sus proyectos en un estado «pendiente». Esta situación afecta a grandes núcleos poblacionales y capitales de referencia como Valencia, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón o Vitoria, que siguen permitiendo la circulación sin restricciones de los vehículos más contaminantes en sus centros urbanos.

En términos de superficie, el crecimiento nacional ha sido del 11% en el último semestre, alcanzando los 821 kilómetros cuadrados protegidos. Sin embargo, esta cifra esconde una profunda desigualdad geográfica, ya que la gran mayoría del espacio restringido en España se concentra en apenas dos ciudades.

Madrid lidera el ranking con 605 kilómetros cuadrados, lo que representa casi el 74% de todas las ZBE del país, seguida a gran distancia por Barcelona, que aporta otro 11,6% con sus 95 kilómetros cuadrados. Otros municipios como Las Rozas de Madrid, Granada o Badalona completan el grupo de localidades con extensiones significativas, mientras que en el resto de la península las zonas activas suelen ser testimoniales, con extensiones que en muchos casos no alcanzan siquiera el medio kilómetro cuadrado.

Ante este escenario de crecientes restricciones y la obligatoriedad de cumplir con la Ley 7/2021 para mejorar la calidad del aire, los ciudadanos se enfrentan al reto de renovar un parque automovilístico que aún cuenta con un millón de coches sin distintivo ambiental solo en Madrid y Barcelona.