El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la ley de amnistía promovida por el Gobierno de España y aprobada por el Congreso no choca con los intereses financieros de la Unión Europea ni tampoco es contraria a la directiva en materia de terrorismo. En su sentencia el Tribunal considera que ha facilitado “un escenario de reconciliación” y ha contribuido a reducir “las tensiones institucionales y políticas”. Es indudable que con estos argumentos la máxima instancia jurídica de la UE da un aval al Gobierno de Pedro Sánchez en la que posiblemente sea la medida más controvertida de todas las que ha puesto en marcha durante esta confusa y convulsa legislatura. Pero la sentencia lo que deja claro en sus razonamientos es que la amnistía no es un asunto de la UE y que hay que circunscribirla al ordenamiento jurídico español. En efecto, sería arriesgado hacer lecturas políticas que vayan mucho más allá. Ni se puede decir que esta sentencia suponga la legalización o el final del procés, porque el procés hace ya años que fue enterrado por los propios catalanes ni permite el inmediato regreso del fugado Carles Puigdemont, para el que el Supremo tiene vigente todavía una orden de detención por presunta malversación y hay un recurso en el Constitucional que todavía hay que solventar. Y lo que no cambia en absoluto la sentencia del TJUE es el hecho de que la amnistía fue el precio político que Sánchez pagó al separatismo catalán para lograr una investidura que de otra forma tenía imposible. Una amnistía, conviene recordar, que el propio Sánchez negó rotundamente que fuera a conceder hasta que en la noche del 23 de julio de 2023 se abrieron las urnas y se supo que los siete votos del partido del fugado ex presidente de la Generalitat eran la llave para alcanzar la Moncloa, lo que constituyó una de las mayores operaciones de cinismo político de la democracia española.