Tres años se acaban de cumplir de las elecciones que posibilitaron la legislatura más extraña y crispada de la democracia española. Pedro Sánchez logró su segunda investidura gracias a un precario acuerdo en el que sumó una inestable amalgama de fuerzas que iban desde el PNV y Junts, nacionalistas de derechas, hasta los radicales de extrema izquierda de Bildu, Sumar y Podemos. Así logró una victoria que las urnas le habían negado, pero que tuvo y tiene una legitimidad incuestionable. Para conseguir ser presidente del Gobierno, Sánchez tuvo que pagar un precio muy alto, traducido en una permanente cesión ante sus socios que muchas veces ha revestido la forma de un chantaje. Esta ha sido la característica fundamental de un periodo en el que el Congreso se ha convertido en una especie de guirigay permanente, en el que la tensión política y los enfrentamientos han sido mucho más frecuentes que los acuerdos legislativos. Sirva como dato que el Gobierno ha sido incapaz en los tres años transcurridos no ya de aprobar unos Presupuestos del Estado, sino ni tan siquiera de enviarlos al Congreso. O que la principal ley aprobada en el periodo haya sido la de la amnistía a los implicados en el intento separatista de 2017 en Cataluña. El clima político irrespirable ha impedido que Pedro Sánchez haya podido rentabilizar el viento de cola de la economía y la mejora del mercado laboral. También a esta deriva tóxica hay que atribuir la impotencia del Ejecutivo para abordar problemas tan acuciantes como la crisis de acceso a la vivienda o el progresivo empobrecimiento de las clases medias. Todas las encuestas de opinión dan al Gobierno y su presidente por amortizados y pronostica el advenimiento de un nuevo ciclo político respaldado por una mayoría social de derechas. Es el resultado de una legislatura que ha quebrado la confianza de los ciudadanos en la política.