El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, que modifica la ley aprobada por el Congreso en 2025 con impulso de la oposición.

El objetivo, según el texto enviado, es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026. 

Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei. 

La primera vez fue en 2024: el Congreso la aprobó y Milei la vetó. La segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó y después el Congreso revirtió el veto. 

Hoy, esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo. En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento. 

En diciembre de 2025 el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. El juez consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

En febrero de 2026 el Gobierno apeló esa medida, y días después presentó un nuevo proyecto. 

-Salarios: el nuevo proyecto indica que la recomposición salarial será de manera escalonada, actualizando los básicos del personal docente y no docente de las universidades nacionales con un esquema de 3 aumentos, cada uno del 4,1%, comenzando el 1º de marzo. 

En la ley vigente se indica que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios entre el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC en el mismo período. Y que el nuevo esquema se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Además, indica que todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y que en el año de entrada en vigencia de la norma “deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”. Esta parte se elimina en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.

-Paritarias: el nuevo proyecto mantiene la obligación de convocarlas “con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses calendario”, pero elimina la parte de la ley vigente donde dice que las mismas se deben convocar “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.

-Financiamiento universitario: el nuevo proyecto especifica que los gastos dispuestos por la ley serán afrontados sólo con las partidas correspondientes a educación universitaria, y que el exceso se cubrirá con cargo a las partidas de las Obligaciones del Tesoro.

Sin embargo, en la ley vigente ya se indica que “el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios (…) sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los aportes del Tesoro nacional”, y que la ley “podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”.

-Gastos de funcionamiento: el nuevo proyecto indica que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales se ajustará en la medida en que la inflación, según el IPC, supere el 14,3%, “promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.

Además, elimina la recomposición presupuestaria de 2024, por lo que lo perdido en ese período por la inflación no se recuperaría.

En la ley vigente se indica que el Poder Ejecutivo nacional actualizará el monto al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024. Sería un aumento del 31,9%. 

-Hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, y Extensión universitaria: en la ley vigente, las partidas presupuestarias para el funcionamiento del sistema de salud universitario, la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, el fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las universidades y el fortalecimiento de la actividad de Extensión Universitaria las debe actualizar el Poder Ejecutivo desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, de forma bimestral, de acuerdo con el IPC. 

El nuevo proyecto indica que el presupuesto vigente para el sistema de salud universitario será incrementando en $ 80 mil millones. No menciona las otras partidas presupuestarias, ni tampoco una actualización periódica.

El martes 24 de febrero, diputados y referentes universitarios se reunieron en la Cámara baja para rechazar el proyecto del Ejecutivo que modificaría la Ley de Financiamiento Universitario. “Existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”, leyó la rectora de la UNA, Sandra Torlucci.

Según un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional, en colaboración con Feduba (Sindicato de Docentes de la UBA), “a diferencia de la ley sancionada, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, propone aumentos parciales del 4,1% en tres tramos durante 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento”. 

Y agrega: “En contraste con la ley actual que obliga al Gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,68%) al presupuesto de este 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública”.