La final del Mundial que dio a España la segunda estrella terminó a las 23 horas del domingo 19 de julio, pero la resaca se va a prolongar al menos unos días más en València. Miguel Galán, de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, envió el pasado lunes un burofax a la Real Federación Española de Fútbol como requerimiento previo a la presentación de querellas penales contra el presidente de la federación, Miguel Louzán, y contra el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que asistió a aquel partido con una entrada de cortesía de la institución que rige el fútbol español.

Según el escrito presentado por Galán (que ya denunció en el pasado al expresidente de la Federación Luis Rubiales), se trata de “hechos que podrían revestir relevancia penal y disciplinaria”. En concreto, habla de cohecho activo y pasivo. Llorca se desplazó de manera privada a Nueva York, fuera de agenda, en un viaje en que le acompañó su secretario autonómico de Comunicación.

El denunciante, Miguel Galán, es propietario de la escuela de entrenadores Cenafe y se ha convertido en azote de las irregularidades en el fútbol español. Fundador de la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, se ha dado a conocer, entre otras cosas, por emprender sonoras batallas que acabaron resultando victoriosas, hasta el punto de recibir el apodo de 'Querellator'.

La más mediática, quizá, fue la denuncia contra Ángel María Villar en 2017 por vulnerar la neutralidad en el proceso electoral de la RFEF. También consiguió vetar a uno de los árbitros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que era socio del abogado de Luis Rubiales, en el proceso decisivo sobre el beso no consentido a Jennifer Hermoso.

En esta ocasión, Galán se hace eco del hecho de que la RFEF habría facilitado gratuitamente al president de la Generalitat “una entrada para final de la Copa Mundial de FIFA 2026, cuyo valor de mercado se situaría en una horquilla claramente incompatible con cualquier noción razonable de cortesía institucional o uso social”.

La denuncia señala al elevado valor de la localidad, citando fuentes oficiales como la propia RFEF, que situaba los precios entre 3.560 y 7.386 euros en el periodo inicial de venta. El propio Rafael Louzán manifestó que la entrada más barata para la final empezaba en 4.000 euros, en un programa de radio, según recoge el documento.

“Aun tomando como referencia la estimación más baja, la ventaja recibida excede por completo cualquier parámetro de cortesía institucional admisible”. “Se trata de un regalo de valor extraordinario, patrimonialmente relevante y jurídicamente incompatible con la idea de la simple atención social y protocolaria”, señala el documento.

Tras el revuelo que se armó por el viaje, el propio president publicó un vídeo en el que señaló que el viaje no ha costado un euro a los valencianos, señalando que el desplazamiento como la estancia en el hotel la sufragó de su bolsillo, aunque sin referirse a la entrada. Presidencia señaló que la entrada era una invitación de la RFEF.

Galán subraya en su escrito los vínculos entre Pérez Llorca y Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra con el Partido Popular. La coincidencia partidista, subraya el denunciante, “constituye un indicio cualificado de que la entrega de la entrada no respondió a criterio institucional objetivo alguno, sino a la condición de autoridad pública del beneficiario y a la relación de afinidad y amistad política existente”. Cabe recordar que no hubo otros presidentes autonómicos que acudieran a este partido, al menos que haya trascendido. Compromís ha exigido las facturas.

Y concluye el denunciante: “Los hechos podrían integrar, al menos de forma indiciaria, un supuesto cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, precepto que castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función”. No se trata de acreditar un acto administrativo concreto a cambio del regalo, sino “la mera aceptación de la ventaja por razón del cargo, aunque se pretenda presentar como gesto de cortesía”.

Además de señalar a Llorca, Galán señala también el posible “cohecho activo” de quien entrega la dádiva a la autoridad pública. El denunciante reclama “esclarecer quién adoptó la decisión, con qué motivación, mediante qué cauce interno y con qué finalidad”. Habla, en este sentido, de la eventual concurrencia de tráfico de influencias.

Finalmente, el denunciante reclama una aclaración institucional y extrajudicial como paso previo a la acción penal. Y da cinco días a la RFEF para que dé respuesta completa y documentada de si la Federación regaló, facilitó o sufragó total o parcialmente la entrada para final; la ubicación de dicha entrada y su valor real o estimado de mercado; la persona de la RFEF que decidió ofrecerla o entregarla, los criterios que aplica la RFEF para invitar a autoridades, o la lista del resto de autoridades que recibieron entradas o viajes para la final.

Además de ejercer las correspondientes acciones penales transcurrido este plazo, Galán se reserva la posibilidad de promover denuncias ante el Consejo Superior de Deportes, con petición de traslado al Tribunal Administrativo del Deporte.

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