Hay algo profundamente perverso en la relación entre una Administración y un ciudadano: que quien tiene la obligación de proteger la confianza pública pueda terminar utilizando esa misma posición de poder para beneficiarse del conocimiento, del trabajo y de las ideas de quien confió en ella.

Esto es lo que quiero poner sobre la mesa. No como una reclamación personal, sino como una cuestión de ética institucional, responsabilidad pública y abuso de una posición de poder.

Durante años he desarrollado proyectos culturales y sociales. En este caso concreto, la relación con el Ayuntamiento de Torrevieja comenzó a petición de la propia institución: fueron ellos quienes me solicitaron que les mostrara y presentara proyectos. A partir de aquellas primeras solicitudes fui presentando nuevas propuestas, muchas de ellas concebidas específicamente para Torrevieja, y el propio Ayuntamiento continuó solicitándome y mostrando interés por conocer más proyectos.

Es decir: no fui yo quien llegó a una Administración intentando colocarle ideas; fue la Administración quien abrió esa puerta, pidió conocer mi trabajo y continuó solicitando propuestas.

Y ahí está el punto que no quiero que se pierda.

Porque cuando una Administración pide a un ciudadano que entregue sus proyectos, no está recibiendo simplemente unas hojas de papel. Está entrando en contacto con años de trabajo creativo, investigación, desarrollo, contactos, conceptos, estructuras, estrategias y conocimientos que pertenecen a quien los ha creado.

Y una institución pública debería saberlo mejor que nadie.

Lo que denuncio es que, después de presentar proyectos al Ayuntamiento de Torrevieja y de mantener reuniones con responsables municipales, comenzaron a aparecer iniciativas institucionales que, según sostengo, reproducían elementos sustanciales de aquellas propuestas.

Y cuando digo elementos sustanciales no hablo únicamente de una idea general. Hablo de proyectos. De conceptos. De estructuras. De planteamientos. De elementos que yo había desarrollado previamente. Y, en determinados casos, incluso de expresiones que posteriormente he vuelto a encontrar en comunicaciones institucionales.

La primera vez que detecté una situación que consideré un plagio, lo manifesté directamente en una reunión con responsables municipales. No fue una sospecha guardada en un cajón. Lo dije allí.

Fue precisamente a raíz de esa primera reclamación cuando puse en conocimiento del Ayuntamiento de Torrevieja la existencia de los registros de mis proyectos y la autoría correspondiente.

Ese matiz es importante.

El Ayuntamiento no podía conocer los registros antes de que yo los pusiera en su conocimiento. Pero desde el momento en que reclamé y comuniqué formalmente que aquellos proyectos estaban registrados, la institución ya sabía que no estaba ante ideas anónimas, disponibles para ser utilizadas sin más.

Sabía que existía una autora. Sabía que existían registros. Sabía que había una reclamación. Y sabía que estaba cuestionando el uso de determinados elementos de mi trabajo.

A partir de ese momento, el problema dejó de ser una cuestión de desconocimiento.

Y, sin embargo, según denuncio, las advertencias no impidieron que posteriormente volvieran a aparecer elementos de mi trabajo en actuaciones y comunicaciones municipales.

Por eso llegó un momento en el que tuve que empezar a proteger deliberadamente la información que entregaba. No porque hubiera dejado de querer colaborar. Si no porque había dejado de confiar.

Y esa debería ser la parte verdaderamente escandalosa de esta historia: que un ciudadano tenga que proteger sus propias ideas de la Administración a la que se las está presentando.

Cuando una institución conoce una reclamación de autoría y sabe que existen registros que acreditan la existencia previa de determinados proyectos, lo mínimo exigible es detenerse, comprobar, documentar y explicar.

No ignorar. No mirar hacia otro lado. No seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Y mucho menos permitir que el ciudadano tenga que perseguir sus propias ideas para comprobar dónde han terminado.

Todo esto, además, no se limita a una conversación aislada con una determinada concejalía.

Lo que estoy denunciando ha llegado a los niveles superiores del Ayuntamiento de Torrevieja y ha sido puesto en conocimiento de responsables de la Alcaldía.

Por eso no estoy hablando aquí de una disputa personal con una concejalía concreta ni de un desencuentro puntual con un responsable municipal. Estoy hablando del Ayuntamiento de Torrevieja como institución.

Y precisamente por eso la pregunta es mucho más seria.

¿Qué ocurre cuando una Administración conoce una denuncia de este tipo y, aun así, el ciudadano sigue sin obtener una explicación que despeje las dudas? ¿Qué mecanismos internos existen para investigar qué ha ocurrido? ¿Quién comprueba la trazabilidad de los proyectos recibidos? ¿Quién protege al creador? ¿Quién responde cuando el creador dice: esto lo hice yo, esto lo presenté yo y esto ya estaba registrado antes de que apareciera aquí?

El Ayuntamiento de Torrevieja no es una empresa privada que pueda comportarse como un competidor frente a un ciudadano. Es una institución pública. Y precisamente por eso los estándares que debemos exigirle son mucho más altos.

Una Administración no puede utilizar la confianza que genera su propia posición institucional como una ventaja frente a quien acude a ella para aportar su trabajo. Porque el ciudadano no dispone de los mismos recursos, del mismo poder ni de la misma capacidad de decisión. La Administración sí. Y precisamente por eso tiene una obligación reforzada de actuar con ejemplaridad.

No puede existir una cultura institucional en la que el ciudadano entregue su trabajo y después tenga que perseguir sus propias ideas para comprobar dónde han terminado.

No puede normalizarse que quien tiene el poder de decidir qué proyecto se hace, quién lo ejecuta y quién aparece públicamente como responsable pueda estar, al mismo tiempo, en posesión de la información que otro ciudadano ha desarrollado previamente.

Y no puede ser aceptable que, cuando se cuestiona una actuación de esta naturaleza, la respuesta sea el silencio.

Porque el silencio institucional también comunica. Comunica que no hay explicaciones. Comunica que el ciudadano tiene que defenderse solo. Y comunica algo todavía peor: que la Administración puede sentirse suficientemente poderosa como para no tener que rendir cuentas ante quien puso su trabajo en sus manos.

Eso es lo que considero intolerable.

No estoy reclamando que todas mis ideas tengan que convertirse en proyectos municipales. Si una Administración no quiere una propuesta, puede rechazarla. Si considera que no es viable, puede descartarla. Si quiere desarrollar otra idea, puede hacerlo.

Pero una institución pública no debería aprovechar el acceso privilegiado que obtiene a través de una relación institucional para utilizar el conocimiento de un ciudadano y después actuar como si ese ciudadano nunca hubiera existido.

Porque entonces ya no estamos hablando de colaboración. Estamos hablando de una relación profundamente desequilibrada en la que una parte tiene todo el poder institucional y la otra tiene que confiar.

Y cuando el poder utiliza esa confianza en su propio beneficio, la confianza deja de existir.

Por eso esta denuncia no debería interesar únicamente a quien crea proyectos. Debería interesar a cualquiera que tenga una idea. A cualquiera que quiera aportar algo a su municipio. A cualquiera que algún día entre en un Ayuntamiento con una propuesta creyendo que está hablando con una institución que respeta su trabajo.

Porque si la ciudadanía llega a pensar que sus ideas están más seguras fuera de la Administración que dentro de ella, algo se ha roto.

Y no se ha roto en el ciudadano.

Se ha roto en la institución.

El Ayuntamiento de Torrevieja tiene una obligación elemental: explicar. Explicar qué ocurre con los proyectos que recibe. Explicar qué mecanismos existen para protegerlos. Explicar cómo se garantiza la autoría. Explicar qué sucede cuando un ciudadano denuncia que su trabajo ha sido utilizado. Explicar qué hizo cuando tuvo conocimiento de la existencia de los registros. Y explicar por qué, después de haber sido advertido formalmente, las situaciones que denuncio pudieron continuar produciéndose.

Porque las instituciones no son propietarias del talento de los ciudadanos.

El poder público no da derecho a apropiarse de aquello que la ciudadanía crea.

Y si una Administración quiere que sus ciudadanos sigan creyendo en ella, hay una condición previa e irrenunciable: que demuestre que merece esa confianza.

Carmen B. Romano es comisaria, curadora de arte y creativa de Proyectos Culturales Contemporáneos