Vox, lejos de considerar una papeleta política difícil de encajar la del reparto de los menores en Ceuta, cree poder dar una batalla fructífera en su oposición al mismo. Además de la anunciada ausencia de sus representantes en la reunión de este jueves entre la ministra de Infancia, Sira Rego (de Izquierda Unida) y las comunidades autónomas -plante que no respalda su socio, el Partido Popular (PP)- los de Santiago Abascal preparan ya una defensa de su rechazo al reparto que llevarán tan lejos como puedan, incluida la vía judicial. Según confirman fuentes de la formación, que aseguran tener muy "armado jurídicamente" su veto al reparto.

Se trata de la misma cuestión que cuando se sustanció hace dos años en Canarias, entonces con unas cifras de menores llegados a España muy inferiores a las actuales, provocó la ruptura unilateral por parte de la extrema derecha de todos los gobiernos de coalición que apenas un año antes habían constituido, por vez primera, con los de Alberto Núñez Feijóo. Descartada esta vez esa posibilidad, según las mismas fuentes, que ya hace semanas advertían de una situación sustancialmente "distinta" a la que se produjo entonces, Vox y sus cuatro vicepresidentes autonómicos, los de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, se centran ahora en impugnar desde el inicio el proceso de reparto.

Una postura algo distinta a la del PP, que si bien también pide que los menores sean devueltos a Marruecos, acepta en última instancia un reparto solidario entre las distintas autonomías, aun discrepando abiertamente de las cuotas fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La clave para torpedear ese proceso de reubicación, que la formación no oculta, y de la que incluso presume públicamente, pasa por los expedientes de cada menor en concreto. En una posición de partida que de nuevo tiene similitudes con la del PP, que insiste en que se realicen con el mayor escrúpulo todas y cada una de las filiaciones de esos menores, para detectar posibles fraudes. Los populares blanden la cifra de que la mitad de los que llegaron en su día a la Comunidad de Madrid y a las Islas Baleares procedentes de Canarias resultaron ser, finalmente, mayores de dieciocho años, alimentando así la hipótesis de que ahora pudiera ocurrir algo parecido.

Sobre esos expedientes, Vox es claro. En tres cartas remitidas a la ministra Rego por los vicepresidentes Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León) se insta al Ejecutivo de PSOE y Sumar a abstenerse de ejecutar el traslado, o siquiera comenzar a prepararlo. Primero, reclaman que concluyan los expedientes individualizados por cada menor, incluidas pruebas médicas como la radiografía de la muñeca. Según el Gobierno, unos 1.300 permanecen la ciudad autónoma. Y una vez realizados se tendrán que remitir a las comunidades, ante lo que Vox se reserva el derecho de impugnar judicialmente aquellos expedientes que tengan que resolverse eventualmente, y siempre según el criterio de los de Abascal, con una devolución a su país de origen, que en el caso de los llegados a Ceuta no siempre es Marruecos. Habrá que ver si esto tiene recorrido teniendo en cuenta que la acogida de niños es obligada por ley.

Los vicepresidentes de Vox llegan a argumentar que precisamente la distribución del más de un millar de menores que aún permanecen en Ceuta en varios lugares de la España peninsular dificultaría su repatriación, incluida la localización de sus familiares. En el núcleo de la argumentación de Vox, la misma que llegado el momento hará valer delante de los tribunales, subyace el siguiente razonamiento: la competencia en fronteras y en extranjería corresponde al Gobierno central, y lo que este pretendería al iniciar el proceso de reparto es endosarle esa problemática a las autonomías, algo inaceptable para el tercer partido del Congreso. También que la avalancha migratoria del pasado 31 de julio correspondería a un acto de "guerra híbrida" por parte del régimen de Mohamed VI, dado lo cual cualquier cosa que no supusiese la devolución de los menores trasladaría la idea de una "colaboración con el invasor".

Curiosamente, en los primeros días después de est entrada masiva, Abascal evitó señalar a Marruecos (igual que hizo Feijóo, y también el Gobierno) y responsabilizó en exclusiva a Sánchez de lo sucedido por el proceso de regularización migratorio aprobado este mismo año. Un mensaje muy similar al que emplearon varios de sus correligionarios internacionales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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