Las comunidades que el Partido Popular (PP) gobierna aún en solitario -es decir, sin una coalición con Vox, como ya ocurre en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- no rompen la baraja en el reparto de menores inmigrantes llegados este verano a Ceuta, pero evitan mandar un mensaje radicalmente distinto. La presencia el próximo jueves, en la reunión sectorial de Infancia que presidirá la ministra del ramo, Sira Rego (la representante de Izquierda Unida en el Consejo de Ministros) de todos los ejecutivos autonómicos que los conservadores controlan sin coaliciones con la extrema derecha, marca sin duda una diferencia con los que presiden María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno. Sin embargo, los homólogos y correligionarios de los citados pretenden no ir ni un paso más allá de lo que se puede interpretar como la cortesía institucional de no dar plantón a una reunión de este tipo.

No se quiere entregar un cheque en blanco al Ejecutivo, según explican fuentes de esos ejecutivos autonómicos, ante lo que consideran una mala gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la nueva eventualidad migratoria, ahora en la ciudad autónoma, similar aunque de mucha mayor envergadura que la vivida hace dos años en Canarias, y que no en vano provocó la ruptura unilateral por parte de Santiago Abascal de todos los acuerdos regionales con el PP.

Por eso, los consejeros y cargos institucionales con la competencia de Infancia de Galicia, la Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja y la Región de Murcia dejarán claro en el encuentro que no se puede "normalizar" la situación de reparto, como incluso ha manifestado en público el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, un barón que no solo no gobierna en coalición con Vox, sino que lo hace con mayoría absoluta en la única región donde la extrema derecha no ha logrado aún representación en el parlamento autonómico.

Las comunidades del PP con gobiernos monocolor recuerdan, además, que en el orden del día que se les ha remitido por parte del departamento de Rego hay un punto que les parece razonable, y que apoyarán, y que no es otro que el de la aprobación de una dotación económica específica para Ceuta, encaminada a que la ciudad autónoma pueda hacer frente a la emergencia derivada de la avalancha migratoria sin precedentes vivida allí el pasado viernes 31 de julio. Pero hasta ahí llegarán los acuerdos. No es nueva la oposición del PP al cálculo de cuotas de reparto que ya se estableció hace dos años, y que los de Alberto Núñez Feijóo nunca han dudado en vincular a una voluntad expresa del Gobierno -del propio Sánchez, incluso- de contentar a sus socios, especialmente a los nacionalistas vascos y catalanes.

Algo, esto último, que volverán a trasladarle a Rego, como también una cuestión competencial (tan habitual en cualquier negociación o litigio entre el Gobierno central y los autonómicos) ya que el PP considera que el Ejecutivo no se puede desentender de una cuestión que le afecta de lleno al ser suyas las competencias de control de fronteras, de extranjería y de la eventual devolución de inmigrantes a su país de origen. Aunque el reparto o distribución de menores solidariamente en las comunidades autónomas supone una obligación legal, y como tal no tendrán más remedio que aceptarla en última instancia, como ha expresado el PP en público e incluso admite Vox en privado.

Y junto a esto, los populares pondrán especial énfasis en que se haga un proceso de filiación extremadamente minucioso para comprobar la verdadera edad de los menores, por si entre ellos hubiera algunos que en realidad fuesen mayores de edad. En ese sentido, los populares llevan semanas martilleando con un dato de la anterior redistribución de menores, la de que la mitad de los que llagaron a la Comunidad de Madrid y a las Islas Baleares desde Canarias eran, en realidad, mayores de 18 años, al contrario de lo que se había pensado en un primer momento.

En definitiva, el PP que no gobierna con Vox, o que de momento ha logrado evitarlo (en 2027 hay elecciones municipales y autonómicas en mayo, además de generales) se sienta a la mesa con el Gobierno, sí, pero mas allá de no darle plantón no le pondrá las cosas fáciles al Ejecutivo en un asunto, el del reparto de los menores, que seguirá trayendo cola.

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