La Audiencia Provincial de A Coruña ha anulado la compraventa de un piso en Cambre tras comprobar que la vivienda sufría "graves problemas" de evacuación de agua e higiene que impedían residir en ella con normalidad. La sentencia obliga a la vendedora a devolver a la compradora los 120.000 euros del precio del inmueble, además de compensarla con más de 5.200 euros por gastos de notaría, impuestos e hipoteca.

El inmueble, un antiguo local comercial de oficinas reconvertido en vivienda, fue vendido a finales de 2022. Y, poco tiempo después de la firma, la nueva propietaria comenzó a detectar malos olores, inundaciones en el baño y el cuarto de la lavadora, salidas de aguas fecales por el inodoro y vertidos de agua cuando ella o el vecino utilizaban los grifos, provocando además filtraciones en la vivienda inferior.

Los peritos determinaron que las tuberías no respetaban las pendientes ni los diámetros mínimos exigidos por la normativa y que la única solución posible pasaba por deshacer gran parte de las obras del piso. Por este motivo, el tribunal concluyó que el inmueble no reunía las condiciones básicas de habitabilidad necesarias para entrar a vivir en él.

La resolución judicial señala también que la vendedora conocía la existencia de estos problemas desde hacía más de un año antes de formalizar la operación y los ocultó a la compradora. Es por eso que la justicia ha declarado la resolución del contrato y ha condenado a la antigua propietaria a la devolución íntegra del dinero abonado, el pago de los costes derivados de la compra y de la hipoteca, más los intereses legales y las costas de la primera instancia.

La antigua dueña del piso alegó que su marido y el vecino del piso inferior, también afectado por las inundaciones, mantenían una "enemistad manifiesta", y que ambos promovieron la transformación de oficinas a apartamentos en el edificio. Además, la demandada indicó que sigue siendo propietaria de otros cuatro apartamentos en régimen de alquiler y de una oficina, donde no se han producido incidencias.

La sentencia esclarece, sin embargo, que la vivienda del vecino afectado sufrió filtraciones de forma "objetiva", y que tanto él como la compradora afectada aportaron numerosos documentos gráficos y grabaciones, además de poseer el informe de un arquitecto técnico que corrobora la versión de la demandante.