Un Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado a un bar de la ciudad a indemnizar con 6.000 euros a una familia que había convivido durante cuatro años con los ruidos de la cocina del establecimiento hostelero. Una pareja con un hijo menor denunció al local porque, al estar abierto hasta las 01.00 horas, estaba generando una "importante y molesta contaminación acústica", que afectaba particularmente las condiciones de vida de la familia desde el año 2018 hasta que terminaron mudándose en 2023. El bar cerró en 2024.
Un Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado a un bar de la ciudad a indemnizar con 6.000 euros a una familia que había convivido durante cuatro años con los ruidos de la cocina del establecimiento hostelero. Una pareja con un hijo menor denunció al local porque, al estar abierto hasta las 01.00 horas, estaba generando una "importante y molesta contaminación acústica", que afectaba particularmente las condiciones de vida de la familia desde el año 2018 hasta que terminaron mudándose en 2023. El bar cerró en 2024.
La magistrada señala en la sentencia, hecha pública por el Consejo General del Poder Judicial sin los datos de demandando y demandantes, que "la agresión que al sosiego, la tranquilidad y el descanso en el disfrute causan a sus moradores los ruidos excesivos son en sí mismos perjuicios indemnizables", aunque "difíciles de cuantificar económicamente".
Una situación "absolutamente desquiciante""Esta juzgadora no es capaz de concebir cómo dos adultos y un niño pequeño son capaces de soportar durante cuatro años, que debieron ser eternos, la convivencia con unos ruidos no tolerables", apunta en la sentencia, que califica la situación de "absolutamente desquiciante" por lo que considera ajustada una indemnización de 6.000 euros. La resolución judicial puede ser recurrida.
Los demandantes señalaban que uno de los dormitorios tenía la pared colindante con la cocina industrial y que el alboroto hasta altas horas de la noche provocó que presentaran "numerosas quejas" ante el Ayuntamiento de A Coruña, sin que, a pesar de tener los informes técnicos municipales, la empresa demandada redujera los ruidos por debajo de los decibelios marcados por la ordenanza municipal.
En 2023, cuando se presentó la denuncia, el local permanecía abierto y con los mismos problemas, lo que, según los demandantes, "ha venido a afectar la salud tanto de los actores como de su hijo menor, hasta el punto de tener que mudarse de domicilio, ya que la situación era insostenible para ellos". Por todo ello reclamaban la cesión de los ruidos molestos e indemnizar a los residentes con 9.000 euros por "perjuicios psicofísicos y daños morales".
Cuatro años de ruidosSegún detalla la sentencia, el establecimiento ostentaba desde octubre de 2019 la licencia para actuar como negocio de hostelería y funcionó como tal hasta octubre de 2024, cuando fue traspasado a otra entidad. La magistrada considera probado que, dos años después de estar abierto, en 2021, la empresa es notificada de una denuncia por exceso de ruido y se le requiere realizar obras, entre ellas la insonorización del techo y el cambio de ubicación del fregadero y lavavajillas. El Ayuntamiento archivó el expediente en noviembre de ese mismo año tras comprobar que se habían llevado a cabo.
En 2022, una nueva medición de ruidos del Ayuntamiento abre un nuevo procedimiento y concluye con la declaración de ineficacia. En junio se procede al cierre del local. La Policía Local entonces señala que durante las obras se comprobó que la causa del ruido era una tubería general, por lo que, para evitar futuros problemas, se cambió el fregadero de sitio.
El local permaneció cerrado hasta noviembre de 2022, cuando reabrió. En abril de 2023, el Concello volvió a pedir nuevas medidas y la empresa acabó instalando un controlador horario para que la maquinaria dejase de tener energía en horario nocturno. El Ayuntamiento coruñés volvió a archivar el expediente, decisión que los vecinos llevaron ante el juzgado Contencioso-Administrativo, que desestimó la demanda inicial.
En agosto de 2023, agentes de la Policía Local inspeccionaron el lugar y certificaron que las máquinas continuaban funcionando de noche. Uno de los responsables del establecimiento explicó que se trataba de una avería en el controlador horario y decidió alquiler otro local para destinarlo a almacén y situar allí las neveras.
Por todo ello, la sentencia considera probado que las denuncias durante cuatro años sobre emisiones acústicas han ido acompañadas de mediciones de la Policía Local con valores superiores a los permitidos por la normativa, lo que produjo la incoación de expedientes administrativos.
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