La Generalitat Valenciana sube el precio de la vivienda protegida para incentivar la construcción. Finalmente será un 7 %, tal como adelantó este diario. El Diari Oficial ha publicado este viernes la actualización del precio del metro cuadrado para las viviendas de protección pública y se situará en 2.568 euros el metro cuadrado de superficie útil para 2026. La resolución firmada por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, señala que es un valor “proporcionado a la evolución acreditada de los costes”.

La resolución no solo afecta a los expedientes de viviendas de protección pública que obtenga la calificación provisional a partir de la entrada en vigor. También aplica a los expedientes que tengan la calificación provisional antes de esta publicación.

Tras meses de negociación, este es el resultado. Los promotores valencianos reclamaban un 10 %. El Consell ofrecía un 5 %, y la cifra final ha quedado en un 7 %. Eso se traduce en que el precio de un piso de 90 metros pasaría de 216.000 euros con el módulo actual (2.400 euros el metro cuadrado) a 231.100 euros.

Hay que tener en cuenta que el actual Consell ya subió 200 euros el metro en 2024, desde los 2.200 que había decretado el Botànic en 2023. Ahora se encarece otros 168 euros. En estos tres años la vivienda protegida se encarece un 14,3%, desde los 198.000 a los 231.120 que costará este 2026.

La resolución justifica estos incrementos en la necesidad de poner en marcha un mercado absolutamente abúlico. Desde 2013, el precio del módulo había quedado congelado en 1.212 euros el metro cuadrado, hasta la actualización de 2023. Como viene contando Levante-EMV, la entrega de VPO ha caído al mínimo histórico en el primer trimestre de este año con apenas 26 viviendas, según datos del ministerio. La Comunitat Valenciana está a la cola de construcción de pisos con precio tasado en España porque a los constructores no le salen las cuentas.

Esos precios son asequibles para la clase media, porque los de la vivienda de renta libre están disparados. El problema es que apenas se promueve VPO. Se quedan sobre el papel. En 2025, se construyeron en la Comunitat Valenciana 8.459 viviendas y apenas un 4,7 %, 405, eran de protección pública. Los de renta libre cuestan el doble. El sector justifica que el alza de los costes y la falta de suelo en Valencia impide construir a 2.400 euros el metro cuadrado, que es el precio tasado hasta ahora.

Los números de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV confirman un precio muy superior, de casi el doble, en muchas otras ciudades del territorio. Los promotores habían condicionado el éxito del Plan Vive puesto en marcha a una mayor rentabilidad del módulo, por el alto precio del suelo y los costes de construcción.

La memoria económica que sustenta la decisión incorpora como anexo el informe técnico firmado el pasado 13 de agosto por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), que documentaba un incremento acreditado del coste de construcción del 57% desde 2019. "La vivienda protegida no protege si no se construye, y durante los últimos años el módulo se había quedado por debajo del coste real de construirla. Esta actualización no es un capricho normativo: es la constatación de una realidad que llevábamos meses documentando", defiende el Observatorio. "No se trata de encarecer la vivienda protegida, se trata de hacerla posible", dice su director, Fernando Cos-Gayón. Con estos nuevos precios, la VPO debería seguir siendo accesible también para los jóvenes, apuntan desde la UPV.

En este contexto, la resolución de la Generalitat defiende que la primera actualización que hizo este Consell en 2024 y algunas medidas de simplificación administrativa "han permitido la reactivación y el desarrollo de nuevas actuaciones residenciales, tanto en suelo público como privado, lo que evidencia la importancia que reviste la adecuada configuración del precio máximo de venta para garantizar la existencia de un parque suficiente de vivienda protegida”.

Para justificar el incremento, la Generalitat se refiere al aumento de costes y los problemas en las cadenas de producción derivados de la pandemia, la crisis energética y de materias primas provocados por la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, y hasta la presión sobre la mano de obra y determinados recursos de construcción derivados de la reconstrucción por la dana de octubre de 2024.

Para la Cátedra de la UPV, en cualquier caso, no es suficiente. La subida es una "corrección parcial", por debajo del aumento de los costes de construcción (17,1 %) desde 2023. "La actualización del módulo es necesaria, pero no es suficiente", advierte Cos-Gayón. "Hace falta activar el suelo protegido con calendarios verificables, desarrollar urgentemente una verdadera tipología de vivienda asequible en alquiler, reducir la carga fiscal y los tiempos de tramitación, e industrializar la producción residencial. Ninguna medida aislada resuelve la emergencia habitacional, pero la ausencia de cualquiera de ellas la agrava". "Subir el módulo no es un premio para el sector promotor: es la condición mínima para que la vivienda protegida deje de ser una promesa normativa y se convierta en una llave real", concluye Cos-Gayón.

A quien no le ha gustado la medida es al PSPV, que denuncia que el Consell del PP y de Pérez Llorca ha vuelto a encarecer la vivienda de protección pública y está situándola en unos precios que la hacen cada vez más inaccesible para las familias, jóvenes y clases medias valencianas.

“Con plena agosticidad y alevosía”: así define la portavoz adjunta, María José Salvador, la nueva actualización del módulo de vivienda protegida, que pasa de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado, un incremento del 7 %. Salvador critica que el Consell haya elegido precisamente un viernes 14 de agosto, víspera del festivo del 15 de agosto y en pleno periodo vacacional, para publicar una medida que supone volver a encarecer el precio máximo de la vivienda protegida.

“Es una muestra más de la falta de transparencia y de sensibilidad de este Consell: mientras miles de valencianos están preocupados por no poder acceder a una vivienda, el PP aprovecha el periodo vacacional para subir de nuevo el precio de la vivienda protegida”, ha señalado.

Salvador ha recordado que esta es la segunda subida del módulo desde que el Consell del PP introdujo en 2024 el denominado módulo dinámico, que pasó entonces a situarse en 2.400 euros por metro cuadrado. “Ya advertimos de que ese módulo dinámico abría la puerta a nuevas subidas y hoy se confirma: en menos de dos años han vuelto a incrementarlo y ya estamos en 2.568 euros por metro cuadrado”, ha señalado.

“La política de vivienda protegida del Partido Popular y de Pérez Llorca está en las antípodas de garantizar el derecho a una vivienda asequible. Están consiguiendo que aquello que debería servir para que una persona que no puede acceder al mercado libre pueda tener una vivienda sea cada vez más caro y, por tanto, más inaccesible”, ha denunciado la dirigente socialista.

La portavoz adjunta del PSPV ha advertido de que “el PP está convirtiendo la vivienda protegida en una vivienda cada vez más protegida de los valencianos, a no ser que seas rico, y más accesible para los intereses de los promotores”. “No puede ser que la solución del Consell ante el incremento de los costes sea trasladar permanentemente la factura a quienes necesitan una vivienda protegida”, ha apuntado.

En este sentido, Salvador ha criticado también el modelo del Plan VIVE, que considera “un desastre desde el punto de vista de la política de vivienda pública”. “El PP utiliza suelo público y recursos públicos para favorecer a los promotores privados mediante fórmulas como la permuta y, al mismo tiempo, aumenta el precio de las viviendas que deberían estar destinadas a quienes tienen más dificultades para acceder al mercado”, ha explicado.

“La Generalitat no puede utilizar lo público para garantizar el negocio privado y después llamar vivienda asequible a una vivienda cuyo precio no pueden asumir miles de familias valencianas”, ha subrayado. “La vivienda protegida tiene que estar para proteger a las personas que no pueden acceder a la vivienda libre, no para garantizar el margen de los promotores. Desde el PSPV vamos a seguir defendiendo una política de vivienda pública que ponga por delante el derecho de los valencianos a tener una vivienda digna y asequible y no los intereses privados”, ha concluido Salvador.

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