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La parte privada de la empresa mixta Aigües de Tortosa ha demandado al Ayuntamiento, socio mayoritario, y le reclama más de 700.000 euros. El socio de capital privado reclama la diferencia entre los ingresos pactados en el pliego de la compra y los ingresos reales obtenidos, puesto que los consumos “no han sido los previstos y las tarifas del agua no han evolucionado al ritmo acordado”. 

La indemnización reclamada es por la pérdida de ingresos entre los años 2021 y 2024. Las de los años anteriores han prescrito, según ha explicado la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà. Lleixà alerta de que la situación es “muy grave”, y una prueba del “del fracaso” del modelo de privatización del 49% de la antigua Empresa Municipal de Servicios Públicos (EMSP)”, que se aprobó en 2010.

El gobierno municipal de Tortosa ha anunciado que defenderá los intereses de la ciudad y que trabaja para designar a un abogado especialista que asuma la causa. 

Paralelamente, ha puesto en marcha la Mesa del Agua, impulsada en el marco del acuerdo con la CUP, con el objetivo de abrir el debate sobre el futuro modelo de gestión del servicio una vez finalice la actual concesión.

Como ha señalado la alcaldesa, el litigio judicial que ha abierto el socio privado de Aigües de Tortosa, que es Aigües de València, “no es un conflicto sobre una decisión tomada durante el actual mandato” de ERC y PSC-Movem, sino que es “una de las consecuencias de un modelo cocinado y aprobado hace 16 años”. “La demanda contra el Ayuntamiento tiene su origen en un contrato firmado y decidido en 2010 por Bel i Roigé -exalcaldes-, que malvendieron a la EMSP por 11 millones de euros y ahora es cuando estamos pagando las consecuencias y una hipoteca, fruto de su herencia”, ha lamentado Mar Lleixà.

Según ha explicado el equipo de gobierno municipal de Tortosa, la privatización de la antigua Empresa Municipal de Servicios Públicos (EMSP) establecía una evolución tarifaria acumulada superior al 80 por ciento durante la vigencia del contrato, así como unas previsiones de consumo, de ingresos y de retribución del socio privado que no se han cumplido. “Con Junts per Tortosa estábamos abocados a un incremento de más del 80% de las tarifas al final del contrato, en el 2035. Si se hubiera aplicado estrictamente lo firmado en 2010, Tortosa tendría el agua más cara de Europa”, ha criticado la alcaldesa.

Por otra parte, la alcaldesa ha defendido el préstamo de hasta 2,5 millones de euros para renovar los contadores de telelectura y ejecutar inversiones urgentes y pendientes en la red de agua. Lleixà aseguró que el impacto máximo de la renovación de los contadores será de unos 54 céntimos de euro mensuales por abonado, unos 6,48 euros más al año, y no de 100 euros anuales (un incremento del 42%), como aseguraron desde Junts per Tortosa. 

Por el contrario, en el 2013 ya hubo un cambio de contadores que supuso un incremento del recibo de 90 céntimos de euro al mes por abonado y el consistorio descartó financiar las obras a través de la subvención del PERTE, como defiende la oposición de Junts, porque habría costado 1,10 euros por abonado y mes.