Lo ocurrido en Ceuta no es un episodio migratorio más, ni puede calificarse como “llegadas irregulares”. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera exterior de la Unión Europea, desbordan a las fuerzas de seguridad y alteran la vida de una ciudad española, estamos ante una crisis de soberanía. El presidente de Ceuta ha estimado en torno a 60.000 personas, en una población de 80.000 habitantes, la magnitud resulta extraordinaria.

La mayoría de quienes cruzaron eran jóvenes marroquíes, aunque también había menores, mujeres y familias. Hubo entradas a pie y a nado, momentos de caos, enfrentamientos en el lado marroquí y decenas de muertes por ahogamiento, casi cincuenta a esta fecha. Ha sido una penetración masiva y descontrolada en territorio español de personas sin autorización. “Invasión” sería la calificación más directa, sin eufemismos que encubran la realidad. Pero aquí ocurrió algo insólito, en pocas horas una multitud descontrolada se precipitó hacia Ceuta. Entraron sin control alguno, ante los periodistas, las cámaras de las tvs, descalzos y al parecer con hambre. Los medios materiales y las fuerzas de seguridad del Estado fueron insignificantes, insuficientes y sin órdenes concretas sobre su capacidad de actuación. Es obvio que la primera responsabilidad del Gobierno es proteger la integridad territorial, preservar el orden público y garantizar que ninguna ciudad quede abandonada a una presión humana imposible de asumir. La actuación tardía, la insuficiencia inicial de medios y la ausencia de un plan previsor han mostrado una degradación de la capacidad ejecutiva del Estado. Un Gobierno puede invocar derechos, procedimientos y compromisos internacionales; lo que no puede hacer es convertirlos en explicación permanente de su impotencia porque gobernar consiste en aplicar la ley sin renunciar al control efectivo del territorio.

Se ha mencionado la reciente sentencia del Tribunal Supremo como causa de esta crisis. El fallo no prohíbe todas las devoluciones, establece que el rechazo inmediato previsto para la frontera terrestre de Ceuta y Melilla no puede aplicarse a quienes son interceptados en el mar. Resulta evidente,la política migratoria española ha transmitido durante años una mezcla de ambigüedad, improvisación y promesas de regularización que pueden ser explotada por mafias, redes sociales y gobiernos vecinos poco amistosos. Uno de ellos viene reclamando a España con regular insistencia la posesión de Ceuta y Melilla como parte de su territorio, si bien, históricamente jamás formó parte del mismo. España está siendo observada con precaución por tantas incidencias en los flujos migratorios. La llamada “ley de nietos”, los procesos de regularización y la normativa de extranjería están generando problemas de colapso en las administraciones por el efecto llamada que el gobierno continúa negando sin fundamento alguno.

La reacción europea confirma que el problema ya no se considera exclusivamente español. Italia ha anunciado que suspende el espacio Schengen con España y otros países de la UE han planteado apartar temporalmente a España del funcionamiento ordinario de Schengen anunciando controles reforzados en sus fronteras. Estas medidas suponen un daño político enorme para la credibilidad española. Europa tiene razón al exigir control, pero también debe asumir que Ceuta no es una frontera local; es frontera española y europea. La respuesta habrá de ser reforzar a la Guardia Civil y la Policía, desplegar la Polcia Europea de Fronteras, acelerar la identificación y ejecutar retornos con garantías. España debe exigir a Marruecos una cooperación efectiva, verificable y sin ambigüedad. La pasividad, incapacidad o utilización política de los flujos migratorios por un país vecino no puede quedar sin consecuencias diplomáticas.

La cuestión decisiva es si España conserva la voluntad de ejercer como Estado. La obligación humanitaria hacia quien arriesga la vida no es incompatible con la firmeza en la defensa territorial y seguridad fronteriza; al contrario, una frontera sin control alimenta las mafias, multiplica las muertes y destruye la confianza ciudadana. Ceuta ha mostrado el resultado de confundir solidaridad con renuncia, legalidad con parálisis y prudencia diplomática con subordinación además de inacción y dudas sobre medidas resolutivas. Ante situaciones como esta, queda claro que España necesita una política migratoria común, estable y exigente, debatida en el Parlamento y acorde con las circunstancias y las necesidades nacionales. Y necesita un Gobierno que entienda que defender las fronteras nacionales no es una cuestión ideológica sino la primera obligación de cualquier poder público digno de ese nombre.

Por todo ello, causa sorpresa la comparecencia del presidente del gobierno de España en Ceuta sin señalar alguna responsabilidad a Marruecos y resaltando su “cooperación”. Difícil entender que esta avalancha humana fuera desconocida por los servicios de inteligencia del país vecino. Los videos e informaciones fiables señalan algo muy diferente. ¿Hasta ese punto ha de someterse Pedro Sánchez?