El complejo se levantará sobre una parcela de 2.848 metros cuadrados situada en la calle Victoria Domínguez Cerrato, junto a la Ronda Nuestra Señora de la Oliva. El proyecto lleva la firma del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que plantea una arquitectura contemporánea inspirada en la tradición hispanomusulmana, articulada en torno a un gran patio triangular ajardinado que conectará la mezquita con el edificio cultural.

Uno de los elementos más reconocibles será el alminar, una torre de 30 metros de altura ubicada en el acceso principal. La fachada estará recubierta por una celosía inspirada en la sebka, el motivo geométrico presente en monumentos como la Giralda y el Real Alcázar, con el objetivo de vincular el edificio a la identidad arquitectónica sevillana.

La mezquita dispondrá de una sala de oración para hombres de 310 metros cuadrados en planta baja y otra para mujeres de 150 metros cuadrados en la primera planta, además de patios y salas de abluciones. El centro cultural incorporará una sala de conferencias, un salón multiusos, aulas, biblioteca, oficinas de coworking, cafetería y tienda. El complejo también contará con alojamientos comunitarios en la planta superior y un aparcamiento subterráneo.

Las quejas de Vox

La aprobación llega después de que Vox intensificara en los últimos días su campaña contra el proyecto. El portavoz municipal de la formación, Gonzalo García de Polavieja, reclamó este lunes la paralización de la licencia durante un acto celebrado junto al solar donde se construirá el complejo. El grupo municipal denunció la supuesta falta de transparencia en la tramitación y aseguró haber recogido la preocupación de vecinos y comerciantes de La Oliva por el impacto que, a su juicio, podría tener la futura mezquita.

Vox sostiene que el expediente presenta dudas jurídicas al entender que, aunque se tramita como un centro cultural, su finalidad principal es albergar un templo religioso, por lo que considera que el uso no se ajusta a la calificación urbanística de la parcela. La formación también había solicitado una consulta ciudadana sobre el proyecto, petición rechazada por el gobierno municipal.

Frente a esa posición, el equipo de José Luis Sanz ha defendido durante toda la tramitación que el expediente cumple los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que denegar la licencia sin cobertura legal habría supuesto una actuación arbitraria. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ya advirtió la pasada semana de que impedir la autorización de un proyecto informado favorablemente por los servicios técnicos y jurídicos podría constituir un supuesto de prevaricación administrativa.

La concesión de la licencia abre ahora la puerta al inicio de las obras y, al mismo tiempo, añade un nuevo elemento de tensión entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando faltan menos de diez meses para las elecciones municipales.