La principal conclusión del documento al que tuvo acceso Diario de Sevilla es que la concesión de una licencia urbanística constituye un acto reglado, de manera que la administración “está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, por lo que “carece de discrecionalidad para decidir si concede o no la licencia”. El informe añade que negar la autorización en esas circunstancias supondría apartarse del principio de legalidad urbanística.

Respecto a la primera alegación de Vox, que sostenía que la mezquita constituye realmente el uso principal del complejo y no un elemento accesorio, Urbanismo mantiene que el proyecto se ajusta al uso previsto para la parcela. El expediente identifica el edificio como un equipamiento SIPS de carácter sociocultural que incorpora un espacio de culto, además de dependencias destinadas a actividades culturales y de bienestar social.

La Gerencia mantiene que el proyecto se ajusta al uso previsto para la parcela

En relación con el segundo argumento, referido al límite del 40% de superficie para usos complementarios de culto y alojamiento previsto en el PGOU, el informe recuerda que los alojamientos contemplados en el proyecto no están destinados a miembros de comunidades religiosas, sino que forman parte del uso SIPS de bienestar social, por lo que no resulta aplicable la interpretación defendida por Vox.

La tercera alegación, que reclamaba abrir un procedimiento de participación ciudadana por la singularidad del proyecto, también es rechazada. Los servicios jurídicos sostienen que el artículo del PGOU invocado por Vox atribuye una potestad a la administración, pero no una obligación, y concluyen que, al ajustarse el proyecto a la normativa urbanística, no procede activar ese mecanismo adicional.

El informe añade igualmente que el uso previsto para la parcela coincide con el asignado por el planeamiento y que únicamente se consume un 54,6% de la edificabilidad máxima, por lo que la actuación respeta los parámetros urbanísticos establecidos. Con estos argumentos, la Gerencia de Urbanismo deja despejado el camino para que la licencia vuelva a la Comisión Ejecutiva con una propuesta favorable, después de que el expediente fuera aplazado para analizar las objeciones formuladas por Vox.