El documento identifica un patrón repetido en prácticamente todos los ámbitos analizados: escasa planificación, contratos que vencen sin relevo preparado, gastos que se regularizan una vez ejecutados y procedimientos excepcionales convertidos en práctica habitual. En otras palabras, el problema que detecta la Intervención no está tanto en la disponibilidad de recursos económicos como en la forma en que se administran.

Uno de los datos más llamativos es el relativo a la contratación pública. Durante 2025 se tramitaron 169 expedientes con omisión de la función interventora, por un importe superior a 9,25 millones. De ellos, el 92% corresponde a contratación administrativa. La mayor parte de esas incidencias deriva de contratos prorrogados de hecho o de prestaciones que continuaron realizándose sin que existiera cobertura contractual suficiente.

La propia Intervención señala que el origen de estas situaciones está en la falta de planificación del ciclo de vida de los contratos. Servicios esenciales como mantenimiento, vigilancia, energía o tecnología continúan prestándose cuando los contratos ya han vencido porque las nuevas licitaciones no llegan a tiempo. El resultado es que el Ayuntamiento termina regularizando posteriormente gastos que deberían haberse previsto con antelación.

Uso casi sistemático del reconocimiento extrajudicial de crédito

El informe también llama la atención sobre el uso casi sistemático del reconocimiento extrajudicial de crédito. Este mecanismo, previsto para situaciones excepcionales, fue utilizado en el 93,5 % de los expedientes con omisión de fiscalización, lo que, según la Intervención, desplaza el control desde una fase preventiva hacia una mera regularización posterior de gastos ya realizados.

Otra de las áreas especialmente cuestionadas es la gestión del personal. Durante el ejercicio se formularon 31 reparos suspensivos, con un impacto económico superior a 5,3 millones de euros, concentrados casi íntegramente en Recursos Humanos. Las incidencias afectan principalmente a gratificaciones, productividades y servicios extraordinarios de Policía Local y Bomberos ejecutados sin autorización previa o sin crédito suficiente. La actividad subvencional tampoco sale bien parada. El informe denuncia retrasos generalizados en la justificación de ayudas, modificaciones continuas del Plan Estratégico de Subvenciones y una planificación que pierde su sentido al adaptarse constantemente para incorporar subvenciones no previstas inicialmente.

La conclusión de la Intervención es clara: muchas de las incidencias detectadas no responden a errores aislados, sino a debilidades estructurales en la planificación, la contratación y el seguimiento del gasto. Por ello, propone un plan de acción que incluya un sistema corporativo de planificación contractual, alertas tempranas sobre vencimientos, instrucciones comunes para todas las unidades gestoras y una reorganización de la actividad subvencional.

Modernizar los sistemas informáticos

Ahora bien, el propio informe también dirige la mirada hacia el órgano encargado del control. La Intervención sostiene que desarrolla su trabajo con una insuficiencia estructural de medios personales, técnicos y tecnológicos que impide desplegar plenamente el modelo de control previsto por la normativa. Reclama una nueva relación de puestos de trabajo, reforzar el Servicio de Control Financiero y modernizar los sistemas informáticos para reducir la carga manual que hoy soporta el personal.

Precisamente ahí reside una de las claves del documento. La falta de medios existe y la Intervención la expone con claridad. Sin embargo, el informe también deja constancia de que buena parte de los problemas detectados tienen su origen en decisiones organizativas y en la ausencia de planificación. No cuestiona la salud financiera del Ayuntamiento, sino la forma en que se gestiona.

La fotografía que deja el órgano fiscalizador es la de un Ayuntamiento solvente desde el punto de vista económico, pero con importantes asignaturas pendientes en materia de gestión administrativa. Una administración que paga, pero que con demasiada frecuencia llega tarde; que dispone de recursos, pero que no siempre planifica su utilización; y que continúa recurriendo a mecanismos excepcionales para resolver problemas que, según la propia Intervención, deberían evitarse con una mejor organización.